Firmeza en la defensa de la soberanía
El oficialismo está intensificando el proceso legislativo del proyecto de Defensa de la Soberanía, el cual fue presentado por el Ejecutivo tras la reciente cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas. La alianza de La Libertad Avanza ha establecido que el debate en la Cámara de Diputados iniciará el próximo miércoles.
Detalles del proyecto en el Congreso
El texto, que ingresó al Congreso a mediados de este mes, ha sido enviado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, bajo la dirección de los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán. Se espera la presencia de funcionarios de los ministerios de Cancillería, Defensa y Justicia para justificar y respaldar la reforma.
Además, se prevé una segunda jornada de deliberación para el 6 de octubre, en la cual algunos legisladores optimistas aspiran a que se firme el dictamen correspondiente, con el objetivo de llevarlo a votación en la posible sesión del 7 de octubre. En esa misma sesión, se discutiría también un nuevo proyecto relacionado con la Discapacidad y otro sobre Endeudamiento.
Controversias y críticas
El proyecto ha enfrentado críticas específicas, especialmente en lo que respecta al artículo 111, que propone modificaciones al Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para aquellos que, por cuenta de un Gobierno extranjero, intenten interferir en elecciones mediante desinformación, o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino. El diputado Pablo Juliano del radicalismo enfatizó que “el presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”.
Asimismo, se ha señalado que algunos de los artículos propuestos otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo, lo que podría implicar un debilitamiento de las atribuciones del Congreso. Desde el MID, critican que “la existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso”. Por su parte, Eduardo Valdés de Unión por la Patria, sostuvo que “el proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas”.
Aspectos clave del proyecto
La propuesta busca derogar la actual Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Además, establece un nuevo régimen de sanciones que se extiende más allá de los hidrocarburos, abarcando cualquier actividad relacionada con recursos renovables y no renovables que se realice sin la autorización correspondiente de Argentina, lo que podría incluir también a la pesca.
- Se amplían las prohibiciones a personas y empresas que faciliten actividades no autorizadas.
- Se contempla un régimen de penalizaciones que incluye multas, inhabilitaciones y pérdidas de permisos.
- Introduce un mecanismo para que quienes realicen actividades prohibidas puedan regularizar su situación mediante el pago de multas o reconversión de inversiones.
Además, se establecerá un nuevo sistema de seguridad nacional y un C Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por funcionarios de diversas áreas. El concepto de seguridad nacional incluirá aspectos relacionados con la soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio, entre otros.
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