Renuncia en la Secretaría General de Presidencia
Este lunes, María Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de Presidencia, presentó su renuncia tras los recientes cambios implementados en la Quinta de Olivos. Agudiez era considerada la mano derecha de Karina Milei y tenía bajo su responsabilidad el funcionamiento de diversas dependencias presidenciales, incluida la residencia.
Detalles de la renuncia
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 1055/2026, que acepta la renuncia de Agudiez con fecha de efecto desde el domingo. Este decreto cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El documento expresa agradecimiento hacia Agudiez por los servicios brindados, aunque no se mencionan las razones detrás de su salida. Sin embargo, ocurre tras el anuncio de que la Casa Militar asumirá la “responsabilidad integral” de la seguridad en la residencia presidencial.
Cambio de personal y conflictos internos
Según informes, esta reestructuración resultó en la eliminación de personal civil en la Quinta de Olivos, incluyendo a 10 contratados y 4 permanentes, debido a un inesperado descontento del presidente. Los cambios han generado tensiones, especialmente para Jonathan Salerno y Pablo del Valle, dos custodios que han estado al servicio del presidente y su hermana desde inicios de 2022. Ahora, no pueden ingresar con sus vehículos al acceso principal y deben esperar en una estación de servicio cercana.
Controversias legales
El entorno de los Milei menciona que la influencia de Salerno y del Valle mermó a raíz de las quejas de Agudiez, quien estaba molesta debido a la destitución de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, como intendente de la Quinta. Esta situación también ha provocado críticas desde la Casa Militar hacia Agudiez. Además, la situación ha derivado en acciones judiciales; la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en tribunales contra Karina Milei, Agudiez y Sosa, entre otros, solicitando investigar si el “emprendimiento gastronómico” de Sosa y su esposa se benefició de licitaciones para la compra de alimentos destinados a la residencia. La denuncia sostiene que alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber sido desviados hacia este emprendimiento privado, generando ganancias indebidas a expensas del patrimonio del Estado Nacional.
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