Controles más estrictos para las billeteras virtuales
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha iniciado investigaciones contra las principales billeteras virtuales tras recibir 2.240 denuncias por presuntos abusos relacionados con créditos y morosidad. Esta cifra sobrepasa considerablemente las que se han registrado a nivel nacional, reabriendo el debate acerca de la falta de regulación en las condiciones de financiamiento que ofrecen estas plataformas.
Las investigaciones podrían resultar en multas de hasta $1.883 millones por empresa, según ha declarado el ministro de Producción, Ciencia e Innovación, Augusto Costa. Costa especificó que el enfoque del gobierno no radica en regular tasas o establecer políticas financieras, sino en aplicar la Ley de Defensa del Consumidor ante posibles incumplimientos en términos de información, trato y mecanismos de cobro.
Aumento del endeudamiento y condiciones de crédito poco claras
El ministro destacó que el aumento del endeudamiento en los últimos años “es objetivo” y que este problema no debe ser visto únicamente como una decisión individual de los usuarios. A su juicio, esta situación también refleja la política económica y un esquema de desregulación que está afectando a las familias argentinas.
- Las investigaciones se centran en empresas fintech que brindan préstamos a través de billeteras virtuales con condiciones que, según Costa, son “de muy difícil cumplimiento”.
- Se está poniendo especial atención en la transparencia de los términos y condiciones de las aplicaciones de pagos y comercio electrónico.
- El ministro puso de relieve que el objetivo del gobierno provincial es obligar a estas empresas a informar claramente las condiciones particulares de los créditos.
Ejemplo de tasas abusivas
Costa ilustró la problemática con un ejemplo: “Te prestan $70.000 y te cobran $9.000 en un mes, lo que anualizado supera el 1.000 %”. Criticó la coexistencia de tales condiciones con un sistema de financiamiento sin controles similares a los que rigen para la banca tradicional.
Otro tema de preocupación mencionado por el funcionario es el establecimiento de las condiciones de pago, que se fijan de manera indiscriminada, basándose en el conocimiento que las plataformas tienen de las operaciones de los usuarios. “Estas condiciones se determinan a partir de sus propias operaciones en billeteras virtuales y plataformas de comercio electrónico”, declaró.
Investigaciones previas contra Mercado Libre y Mercado Pago
Hace seis meses, la provincia ya había imputado a Mercado Libre y Mercado Pago por incumplimientos de las normativas de defensa del consumidor. Según Costa, la empresa admitió todas las irregularidades y modificó sus términos y condiciones, lo que tuvo un impacto en el país entero.
El ministro ve estas modificaciones como una prueba de que las intervenciones del gobierno provincial pueden provocar cambios, incluso sin contar con plenas facultades regulatorias sobre el sistema financiero.
Uso de prácticas abusivas en la recuperación de deudas
Además de las denuncias por condiciones abusivas en los créditos, el ministerio ha recibido quejas sobre prácticas de recuperación de deuda que, según Costa, involucran hostigamiento y acoso. Estos informes incluyen comunicaciones a familiares y compañeros de trabajo, así como mensajes en cualquier hora del día.
“Hemos recibido denuncias de llamados a familiares y mensajes a los lugares de trabajo. Esto se define como acoso”, afirmó el ministro. Estas quejas han llevado a nuevas imputaciones y a investigaciones para determinar si las empresas han violado la normativa vigente.
Contexto social del problema
Costa señaló que la raíz del problema es tanto social como regulatoria, afirmando que “quien toma un crédito de $70.000 no lo hace para adquirir un electrodoméstico, sino porque no tiene para comer”. Resaltó que muchas familias recurren a estos préstamos para cubrir servicios públicos o alimentos, y vinculó el aumento en el endeudamiento y la morosidad a la política económica nacional.
El ministro también mencionó que el aumento en el costo de los servicios públicos, el desempleo y la caída del salario real han reducido el ingreso disponible de las familias. A pesar de la falta de regulación a nivel nacional, el gobierno de Axel Kicillof se mantiene en comunicación con las empresas del sector y seguirá utilizando las herramientas legales disponibles para proteger a los consumidores. “No resuelve el problema de fondo, pero lo hacemos porque Axel Kicillof dice: todo lo que tengamos a disposición hay que hacerlo”, concluyó.
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