Resultados de la licitación para la privatización de Intercargo
Este jueves, el Gobierno abrió oficialmente las ofertas para la venta del 100% de Intercargo S.A.U., luego de extender en varias ocasiones los plazos del proceso. Sin embargo, la licitación, que contemplaba un precio base de 45 millones de dólares, no recibió propuestas de compra por parte de los interesados.
Contexto del desinterés
Fuentes del Gobierno atribuyeron la ausencia de ofertas a la desregulación del sector aerocomercial, promovida durante la administración de Javier Milei, que permitió la entrada de nuevos competidores en el mercado de servicios terrestres en los aeropuertos del país. Hasta la fecha, se han habilitado 13 nuevos prestadores para brindar estos servicios, alterando así el panorama que había dominado históricamente la operativa de la empresa estatal.
“La apertura del mercado ha cambiado sustancialmente el marco competitivo del sector, transicionando de un esquema monopólico a uno en el que compiten múltiples operadores”, explicaron autoridades relacionadas con el proceso.
Implicaciones para el futuro de Intercargo
A pesar del fracaso de la licitación, se destacó que la falta de interés del sector privado podría ofrecer información valiosa para evaluar las futuras alternativas para la compañía. No se especificaron, no obstante, qué opciones se contemplarán a continuación.
El proceso de privatización previó la transferencia completa de la empresa, excluyendo cualquier participación del Estado, así como la continuidad de Intercargo como unidad operativa, garantizando la preservación de sus contratos y licencias en diferentes aeropuertos donde presta servicios.
Cambio en la dinámica de servicios
Antes de la desregulación, Intercargo mantenía un monopolio sobre los servicios de rampa en el país, lo que obligaba a las aerolíneas a contratar sus servicios, salvo en las excepciones autorizadas de autoprestación. Actualmente, la firma cuenta con una plantilla de 1560 empleados.
Históricamente, los conflictos gremiales y las medidas de fuerza de los empleados afectaron la actividad aeroportuaria en varias ocasiones, lo que el Gobierno utilizó como uno de los argumentos para la apertura del mercado y el avance en el proceso de privatización.
Criticas y cuestionamientos
La licitación fue objeto de críticas por parte de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que en mayo presentó una denuncia contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y Maximiliano Voss, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en relación con el proceso de valoración de la empresa. Según el sindicato, el precio base fijado para Intercargo, establecido en la resolución 282/2026, era “cuanto menos inentendible”, dado que la compañía reportó un superávit superior a 20 millones de dólares en su último balance.
Además, la APA citó declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afirmó ante el Congreso que la empresa posee 55 millones de dólares en activos corrientes. Sin embargo, una tasación hecha por la consultora Deloitte estimó el valor real de Intercargo en aproximadamente 30 millones de dólares, un monto inferior al precio base establecido para la licitación.
El año pasado, el sindicato había solicitado previamente una medida cautelar para detener la privatización, argumentando que el Poder Ejecutivo había dejado de cumplir con el procedimiento estipulado en la Ley de Reforma del Estado (23.696), al no realizar la tasación que exige dicha normativa.
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