Un fallo decisivo para Argentina
En una decisión trascendental para la situación financiera del país, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha revocado la condena impuesta en primera instancia en el extenso proceso judicial relacionado con la expropiación de YPF, la petrolera nacional.
Con esta resolución, Argentina se liberta, al menos temporalmente, del deber de pagar más de 16.100 millones de dólares. Además, el tribunal ratificó que la empresa fue justa y legalmente exonerada de toda responsabilidad durante el proceso de estatización realizado en 2012.
Historia del litigio
Este contencioso, que se inició en 2015, alcanzó su clímax en 2023, cuando la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York ordenó que el Estado argentino debía abonar una indemnización millonaria más intereses. Esta sentencia se basó en la afirmación de que se había infringido el estatuto de la compañía al no presentar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.
Argumentos de la defensa y la estrategia judicial
El rechazo a la sentencia original, por parte de la Cámara de Apelaciones, se produjo luego de una intensa fase de apelación que culminó con una audiencia de 96 minutos en octubre de 2025. Durante esta sesión, los abogados del Estado argentino expusieron un enfoque fuerte fundamentado en tres puntos clave, con la intención de obtener la anulación de la sentencia o, en su defecto, una significativa disminución de la cifra compensatoria.
Uno de los argumentos centrales, respaldado a lo largo de distintas administraciones, incluidas las de Mauricio Macri, Alberto Fernández y actualmente Javier Milei, sostiene que la justicia argentina era el ámbito adecuado para tratar esta disputa, no los tribunales estadounidenses. La defensa alegó que un tribunal local debía decidir la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que posibilitó la estatización del 51% de la empresa, y los estatutos que requerían la OPA al superar el 15% del paquete accionario.
Además, señalaron errores en la interpretación de la normativa argentina por parte de la juez Preska, lo que fue crucial para que los magistrados revisaran el fallo inicial.
Escenario de contención y la reducción de la condena
En caso de que la anulación total no se hubiera aceptado por cuestiones jurisdiccionales o interpretativas, la defensa había preparado un tercer escenario enfocado en el cálculo financiero de la indemnización. Según sus argumentos ante la Cámara, la ley procesal estadounidense establece que la conversión monetaria debe hacerse al tipo de cambio del momento de la sentencia (2023) y no al de la supuesta falta (2012).
Si se hubiera aplicado este criterio, la deuda solicitada por los demandantes podría haberse reducido de más de 16.100 millones de dólares a cerca de 4.920 millones de dólares. No obstante, la decisión de revocar la sentencia de primera instancia hizo innecesario este recálculo, proveyendo al país de un alivio económico inmediato.
A pesar de que las partes contrarias aún tienen la opción de apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, especialistas legales opinan que las posibilidades de que la corte acepte revisar el caso son bastante bajas, lo que establece esta victoria judicial como un avance clave para cerrar el litigio más perjudicial de la última década para Argentina.
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