Continuidad de la investigación en manos de Capuchetti
La Cámara Federal ha decidido que la jueza María Eugenia Capuchetti seguirá al frente de la investigación relacionada con los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. Este fallo, emitido por el tribunal porteño, unifica las diversas denuncias presentadas sobre el asunto.
Detalles de la decisión judicial
El tribunal determinó que el expediente se mantenga en el juzgado de Comodoro Py, la sede que se ocupó de una de las primeras presentaciones, efectuada por la diputada Mónica Frade, la cual fue considerada la más relevante. Cabe mencionar que esta denuncia había sido asignada al juzgado federal número 5, bajo la dirección de Capuchetti. Al mismo tiempo, se había activado otra causa en el juzgado de Ariel Lijo.
La resolución sobre esta controversia fue firmada por el camarista Eduardo Farah, quien argumentó que era necesario concentrar la investigación en un solo expediente para evitar duplicidad de medidas y decisiones contradictorias. De acuerdo con lo señalado en el fallo, se excluyó la participación de otros tribunales al considerar que ciertas denuncias no cumplían con los requisitos procesales requeridos.
Antecedentes de la causa
La investigación se inició tras varias presentaciones judiciales impulsadas por dirigentes opositores y abogados particulares, quienes solicitaron la indagación sobre si hubo irregularidades y un trato preferencial en la concesión de préstamos hipotecarios a funcionarios nacionales, legisladores y personas cercanas al Gobierno. En la lista de señalados se encuentran miembros del equipo económico y figuras del sector libertario que accedieron a créditos de montos significativos.
Al mismo tiempo, el juez Ariel Lijo había comenzado a ordenar medidas de prueba en otra causa relacionada. Entre las acciones, se pidió al Banco Nación que proporcione los legajos completos de los préstamos bajo análisis, así como informes internos y documentación de las condiciones bajo las cuales fueron aprobados. También se solicitó una auditoría a la Auditoría General de la Nación.
A pesar de que Capuchetti solicitó la causa, Lijo rechazó su petición al reafirmar su competencia. Ahora, la Cámara ha tomado una decisión sobre la disputa.
La controversia cobró relevancia pública tras conocerse que varios funcionarios habían obtenido líneas hipotecarias con condiciones consideradas más favorables que las disponibles para el público en general. El Gobierno ha desmentido cualquier irregularidad y defendido la legalidad de las operaciones realizadas.
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