Detalles de la Marcha Federal Universitaria
La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves tras el mediodía, con las áreas aledañas al Congreso como lugar principal de encuentro para estudiantes, docentes y diversas organizaciones sociales. El evento tiene como objetivo principal exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Concentración y trayecto
Los participantes comenzarán a congregarse a partir de las 13:30 en la intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, donde la AGD-UBA iniciará su marcha. Esta actividad se desarrollará en múltiples puntos de las cercanías del Congreso, con un reclamo central que aboga por
- la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario,
- la recuperación de los salarios docentes,
- el aumento de las becas estudiantiles,
- y mayores asignaciones al presupuesto universitario.
Cortes de calles y operativo de seguridad
Los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires han dispuesto un operativo de seguridad que involucra vallados en las proximidades del Congreso y de la Plaza de Mayo. Esto incluye la realización de cortes en las siguientes avenidas y calles:
- Avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia,
- Calle Hipólito Yrigoyen,
- Calle Riobamba,
- Calle Solís,
- Calle Combate de los Pozos,
- y otras calles adyacentes al Palacio Legislativo.
Las autoridades podrían modificar algunos puntos de encuentro para facilitar el desplazamiento de los manifestantes.
Reclamos de la comunidad educativa
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) ha denunciado que el Gobierno mantiene una deuda salarial del 32% con los docentes, a pesar de la reciente sanción judicial impuesta por el incumplimiento sistemático de la ley. Laura Carboni, secretaria general de la entidad, afirmó: “El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible”.
Además, diversas organizaciones políticas y sindicales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), se unirán a la movilización.
La CTA-T enfatiza la relevancia de esta marcha al decir que: “Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia, con la intención de hacer frente a las políticas de ajuste promovidas por la administración de Javier Milei“. Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, también subrayó la necesidad de la protesta, resaltando que es crucial continuar la lucha por la derogación del DNU 70/23, documento que afecta derechos ya conquistados por el pueblo argentino.
Situación económica y judicial
La CGT destacó que la universidad pública representa una conquista histórica y es esencial para el desarrollo de una Nación que busque la soberanía y la igualdad de oportunidades. En sus palabras: “Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas”.
En el contexto actual, tras la publicación del índice de inflación correspondiente a septiembre, que fue del 1,9%, la inflación acumulada durante la gestión actual se sitúa en un 344,15%, mientras que los salarios docentes incrementaron solo un 236,6%.
Multas judiciales al Gobierno
Además, el Gobierno de Javier Milei fue sancionado este miércoles por la Justicia federal con multas diarias, debido al incumplimiento de un fallo que ordena la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios, así como la adecuación de las becas estudiantiles. El juez Martín Cormick impuso multas de $ 100.000 diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ser el responsable de la reasignación de los fondos necesarios para cumplir con la normativa.
Esta resolución se basa en un fallo firme de la Corte Suprema que respalda la medida cautelar dictada en diciembre pasado, y que ha sido confirmada por la Cámara de Apelaciones. Las multas constituyen un nuevo paso tras dos intimaciones fallidas que realizó el magistrado, a pesar de las cuales el Gobierno no acató la orden judicial proveniente de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
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