Tensión en Andis: Familias y prestadores toman la sede
Este viernes, se llevó a cabo una movilización de familias, trabajadores y prestadores del sector de la discapacidad frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio de Belgrano, donde exigieron la aplicación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional pero se encuentra actualmente vetada por el presidente Javier Milei.
La protesta generó momentos de tensión con la Policía de la Ciudad, que intentó dispersar a los manifestantes, quienes finalmente lograron ingresar a las instalaciones del organismo. La movilización se enmarcó en un ambiente de descontento debido a la cancelación de una reunión oficial programada en ANDIS. El interventor Alejandro Vilches había convocado a los representantes de los prestadores para discutir aumentos tarifarios a las 11 de la mañana; sin embargo, la reunión fue adelantada a las 10 horas y luego cancelada por “fuerza mayor”, según comunicaron las autoridades.
Criticas por falta de respuesta
La suspensión del encuentro provocó la ira de las familias y organizaciones presentes, quienes denunciaron la carencia de diálogo oficial y el incumplimiento de los compromisos establecidos. Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes se instalaron frente al edificio de ANDIS en busca de respuestas concretas a una crisis que, según indican, se agrava día a día.
- Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, expresó: “La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les daría margen para implementar un incremento significativo en estos tres meses”.
- Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, afirmó: “Ya está todo colapsado, estamos completando los formularios para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos el futuro de nuestros hijos”.
“Es agotador todo esto”, añadió, visiblemente afectada. “Como madre, ya pasé de la angustia a la rabia. Necesito que alguien abra la puerta y nos reciba”.
Denuncias de incumplimiento y abandono
Entre los presentes estaba Claudia Dipólito, madre y psicóloga, quien criticó la falta de cumplimiento de la Ley 27.793 y la inacción judicial ante la emergencia del sector. “El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando”, comentó, subrayando que “atendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualizaciones en un año”.
Las organizaciones remarcaron que la falta de respuestas y la obsolescencia de los aranceles impactan negativamente en la continuidad de prestaciones terapéuticas, educativas y de transporte, fundamentales para miles de personas con discapacidad en el país.
Un sector especialmente afectado es el de los transportistas especializados, quienes amenazaron con paralizar los servicios debido a la incapacidad de cubrir costos básicos. Un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) destacó la gravedad de la situación: “La realidad es extrema; nunca hemos estado en una situación como la de ahora. Los transportistas están operando a pérdida”.
Explicó que actualmente el litro de nafta lo compran a $541, mientras que su costo real es de $1.700, lo que hace insostenible la actividad. La diferencia, añadió, les provoca endeudarse o reducir recorridos, perjudicando así directamente a los usuarios del sistema.
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