Nuevas sanciones para incumplimientos en la vacunación infantil
El gobierno de Córdoba está implementando sanciones más estrictas para aquellos que no sigan el calendario de vacunación infantil, con el objetivo de reducir el riesgo de reaparición de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa. Actualmente, la cobertura de vacunas en niños menores de 15 meses se sitúa entre el 69% y el 79%, y la provincia tiene como meta alcanzar más del 85% para asegurar la erradicación de enfermedades prevenibles.
Según detalles proporcionados por el ministro de Salud, Ricardo Pickesteiner, a Cadena 3, estas medidas incluyen la modificación del Código de Convivencia provincial, que introduce el artículo 75 bis. Este artículo estipula multas de 50 unidades de multa, arresto de hasta cinco días y trabajos comunitarios para los padres, tutores o responsables que no demuestren el cumplimiento del esquema nacional de inmunización para los menores de 18 años.
Acciones y justificación de la medida
Las autoridades están dispuestas a iniciar el proceso sancionador a partir de cualquier aviso recibido del sistema de salud, ya sea público o privado, o de un funcionario público, quienes deberán informar al Ministerio de Seguridad para activar las acciones administrativas pertinentes. Pickesteiner subrayó que “no vacunarse representa un riesgo tanto a nivel individual como colectivo”, exponiendo a grupos vulnerables como adultos mayores y personas inmunodeprimidas.
Esta decisión se inspira en el modelo implementado en Mendoza, donde la inclusión de este tipo de infracción en la normativa mejoró los niveles de vacunación. Córdoba aspira a replicar esos éxitos y a fortalecer el cumplimiento de las leyes existentes. El ministro afirmó que el debate no se centra en la efectividad de las vacunas, sino en su obligatoriedad y el derecho de los niños a gozar de buena salud, enfatizando que “las vacunas salvan vidas y mejoran la calidad de vida”.
Estrategias para aumentar la cobertura de vacunación
Con miras a aumentar la cobertura antes de 2026, el Ministerio de Salud provincial planea desplegar vacunatorios móviles que se trasladarán a escuelas, eventos públicos y estadios de fútbol los fines de semana. Asimismo, la provincia ampliará el acceso a la vacuna antigripal y prevé adquirir dosis para inmunizar a 100 mil niños de entre dos y cinco años, ampliando así el rango etario beneficiado por la campaña actual.
Lecciones de Mendoza
Pickesteiner destacó que la iniciativa de Córdoba toma como ejemplo lo sucedido en Mendoza. A mediados de este mes, esa provincia llevó a cabo denuncias judiciales contra padres que no habían cumplido con el calendario obligatorio, resultado en que más de 70 familias se presentaron voluntariamente para cumplir con la medida sanitaria. Mendoza se convirtió en la primera provincia en Argentina en recurrir a la vía judicial para garantizar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en un contexto de alerta sanitaria debido al rebrote de enfermedades prevenibles.
El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, anticipó que las acciones judiciales “van a ir creciendo a medida que pasen los días”, agregando que cuatro de los diez denunciados en la primera ronda se presentaron para cumplir con el calendario. Estas denuncias se llevan a cabo bajo la Ley Nacional 27.491, que establece la obligación de vacunar y sostiene que la salud pública prevalece sobre intereses individuales.
“No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, concluyó Romero.
Las penas definidas por la legislación mendocina incluyen multas que van desde 84.000 hasta 336.000 pesos, con el añadido de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales. Estas sanciones se aplican a padres, tutores o cuidadores que no cumplan con el calendario oficial, y podrían duplicarse o triplicarse si hay reincidencia o si instituciones educativas o funcionarios públicos no denuncian el incumplimiento.
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