Reunión sin avances en el conflicto de Fate
El conflicto laboral en Fate sigue sin solución. A raíz de los incidentes ocurridos durante la marcha organizada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), la CGT y La Bancaria hacia la Secretaría de Trabajo, el Gobierno ha decidido mantener la conciliación obligatoria, que se extenderá hasta el 11 de marzo.
Detalles de la marcha y la conciliación
La manifestación, que se llevó a cabo a las 11 en la Avenida Leandro N. Alem al 600, fue convocada por Fate, el sindicato SUTNA -que ha anunciado un paro de 24 horas- y la CGT. A esta movilización se unieron también representantes de ATE, la CTA y La Bancaria, en repudio al cierre de la planta ubicada en San Fernando.
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones dentro del marco legal actual, instando a todas las partes involucradas y a los manifestantes a adoptar conductas pacíficas que aseguren la seguridad de la ciudadanía y de las fuerzas de seguridad.
Críticas y decisiones gubernamentales
La conciliación fue establecida el 18 de febrero, en respuesta al anuncio de cierre definitivo de la planta por parte de la empresa, el cual implicaba el despido de 920 trabajadores. De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno, el período de negociación se mantiene hasta el 11 de marzo.
- La medida oficial busca restaurar la situación a su estado anterior al conflicto.
- Se suspenderán tanto los despidos como las acciones de protesta del sindicato SUTNA.
Si no se alcanza un acuerdo en las próximas audiencias, el Gobierno podría prorrogar el plazo de conciliación por cinco días hábiles, lo que implicaría la suspensión de acciones de ambas partes mientras se intenta acercar posturas.
Acciones legales del sindicato
A pesar de las negociaciones en curso, el Sutna ha anunciado su intención de recurrir a la Justicia para activar la figura de “ocupación temporánea”. Este mecanismo permite que el Estado, ya sea nacional o provincial, asuma el control de la dirección de una empresa en situaciones de emergencia, fundamentado en la necesidad de evitar perjuicios sociales o estratégicos.
Esta estrategia pretende que la provincia de Buenos Aires intervenga en la empresa, tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre que el Estado no debe asumir la administración de empresas privadas.
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