Tensión en la Casa Rosada
La jornada de hoy ha estado marcada por momentos de tensión frente a la Casa Rosada, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde familiares y personas con discapacidad se han congregado para manifestarse en contra de la reforma de la Ley de Discapacidad.
Según los primeros reportes, los manifestantes intentaron establecer un gazebo para la protesta, pero este fue desarmado y retirado por la policía. La situación desencadenó empujones y reclamos entre los asistentes, generando un ambiente de inquietud.
“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?”, expresó un manifestante, visiblemente afectado por el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. En conversación con un medio local, otra mujer agregó: “No tienen humanidad.”
Reclamos pacíficos
Los protestantes, incluidos prestadores y familiares de personas con discapacidad, demandan la ejecución de pagos atrasados. A raíz de los disturbios, se incrementó la presencia policial en el área, incluyendo oficiales de la Policía Federal Argentina y de Infantería.
Contexto legislativo
En febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su inmediata implementación y el nuevo régimen de pensiones. Esta resolución proviene de una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre del año pasado declaró nula la suspensión de la ley y estableció al Gobierno un plazo hasta el 4 de febrero para su total aplicación.
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo intentó frenar la puesta en práctica de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, argumentando que no había recursos suficientes para financiar las nuevas prestaciones. A pesar de la oposición del Gobierno, la Cámara de Diputados insistió en la promulgación de la ley.
Detalles de la reglamentación
La reglamentación de la ley apareció justo antes de la fecha límite, mediante la publicación del decreto 84/2026, que establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Este decreto define los requisitos de acceso y los procesos para evaluar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
- Se obliga a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica.
- Se establece un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días.
- La implementación de la ley se vincula con las capacidades presupuestarias disponibles.
Además, el decreto contempla la conversión automática de pensiones no contributivas del sistema anterior al nuevo, lo que requiere la identificación y verificación de miles de prestaciones. A nivel institucional, la política de discapacidad se centraliza en el Ministerio de Salud, con el respaldo del mencionado Consejo en la implementación y control de la ley.
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