Petición del Gobierno argentino
El Gobierno argentino tiene la intención de solicitar a la Justicia de los Estados Unidos que se suspenda una orden que exige la entrega de chats y correos electrónicos de Luis Caputo y Sergio Massa en el contexto del juicio relacionado con la expropiación de YPF. Según información obtenida, el Ejecutivo planea presentar esta solicitud ante la jueza federal Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, para detener la directiva hasta que se resuelva la apelación referente a los detalles del discovery.
Contexto del caso y acciones legales
La Procuración General del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, ya había impugnado la medida ante la Corte de Apelaciones el pasado 26 de septiembre. Durante una audiencia llevada a cabo el viernes, Preska reafirmó la orden y estableció el 30 de octubre como fecha límite para su cumplimiento, advirtiendo que una falta podría conllevar sanciones, tales como inferencias adversas o medidas de desacato. Esta es la principal preocupación de los equipos legales del país, que buscan evitar cualquier incumplimiento que podría generar multas.
Demandantes y sus requerimientos
Los demandantes, que ya han obtenido una sentencia favorable por 16.100 millones de dólares, además de un fallo que les permite cobrar una parte de las acciones de YPF, buscan información que confirme que YPF y el estado argentino son interdependientes, con el objetivo de identificar activos que podrían ser embargados. La estrategia del equipo legal del oficialismo se centra en cerrar cualquier canal que podría facilitar el acceso a dicha información.
Postura del Gobierno argentino
Desde la Casa Rosada, el Gobierno mantiene que “de ninguna forma” entregarán datos privados de miembros actuales y anteriores de la gestión. En este sentido, alegan que la jueza Preska se “excedió en su jurisdicción” al ordenar la entrega de estos materiales. Además, se ha afirmado que no se ofrecerá ninguna garantía mientras el proceso de apelación respecto a la transferencia de acciones esté en curso.
Escenarios futuros
El Gobierno también se está preparando para una audiencia oral que fijó la Corte de Apelaciones respecto a la sentencia principal, programada tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. La Nación ha notificado a la Justicia estadounidense que apelará ante la Corte Suprema si su argumento es desestimado.
Principios de octubre vieron al Ejecutivo celebrar el apoyo de varios países en su apelación en EE.UU. contra la entrega del 51% de las acciones de YPF como pago por la sentencia de 16.000 millones de dólares derivada de la expropiación de la compañía petrolera. La defensa ha presentado cuatro argumentos cruciales ante la Corte de Apelaciones: infracción de la inmunidad soberana, mala interpretación de la ley de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas, y violación del derecho argentino e internacional.
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