Petición de sobreseimiento antes del juicio
Óscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación conocido por documentar los pagos de coimas de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo, ha solicitado ser sobreseído antes del inicio de su juicio programado para el próximo 6 de noviembre. En su declaración, Centeno asegura no haber cometido delito alguno y afirma que no forma parte de ninguna asociación ilícita, ya que su rol se limitaba a manejar el remis y registrar los cobros.
Argumentos y contexto
El chofer se ha definido como “un testigo denunciante” con un papel que considera “banal e inocuo”, subrayando que no puede ser testigo y acusado al mismo tiempo. La solución que Centeno propone es similar a la que benefició a Cristina Kirchner en otros casos, donde se buscó el sobreseimiento sin llegar a juicio, aunque estas decisiones fueron posteriormente revocadas.
Centeno argumenta que su solicitud de sobreseimiento debe ser considerada en vista de un peritaje realizado sobre los cuadernos, el cual confirmó que los escritos son de su puño y letra. Esto lo lleva a argumentar que su conducta no se puede considerar delictiva, pues únicamente se dedicó a manejar el remis y a registrar la información pertinente.
El papel de la fiscalía y el contexto judicial
La fiscal Fabiana León se opone al pedido de Centeno, insistiendo en que debe ser llevado a juicio. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como parte querellante, coincide en que el juicio debe seguir su curso.
Este caso, derivado de una investigación inicial de un medio local, también involucra a Cristina Kirchner, quien está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilegal mediante la cual se organizaron coimas para mantener contratos de obras públicas. Centeno, quien ha sido un actor clave al documentar en ocho cuadernos sus traslados y los pagos en efectivo realizados por funcionarios, busca que su papel no sea criminalizado.
Desarrollo y futuro del juicio
La defensa de Centeno sostiene que no puede ser simultáneamente testigo y acusado de una asociación ilícita, y subraya que su registro meticuloso de los movimientos muestra su intención de no involucrarse en maniobras delictivas. A pesar de su colaboración, ha dejado claro que nunca participó directamente en las operaciones ilegales.
Asimismo, el tribunal, antes de iniciar el juicio, deberá pronunciarse sobre otros pedidos, como el del empresario Enrique Pescarmona que busca evitar el juicio alegando su incapacidad. En días recientes, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó propuestas de más de cincuenta empresarios que intentaron evitar culpabilidad mediante indemnizaciones, destacando que los delitos de corrupción no pueden ser compensados solo con dinero.
Los oferentes de dichas indemnizaciones sumaron un total de 16.591.438.303 pesos y otros 3.600.000 dólares, acumulando la oferta a aproximadamente 15 millones de dólares al tipo de cambio actual. Sin embargo, la oposición de la fiscal ha reafirmado el compromiso con el debido proceso judicial.
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