Aprobación de la reforma constitucional en San Luis
La Legislatura de San Luis ha dado luz verde a la reforma constitucional promovida por el gobernador Claudio Poggi, que autoriza la elección de 52 convencionales para llevar a cabo modificaciones en la actual Carta Magna provincial, vigente desde 1987. Esta decisión representa el primer paso hacia una reconfiguración del modelo político establecido por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, quienes han utilizado la reelección indefinida para mantener una alternancia en el poder.
Ayer, la Cámara de Diputados provincial aprobó de forma definitiva la reforma con 30 votos a favor y 13 en contra, tras el visto bueno del Senado. Sin embargo, es importante destacar que esta ley no efectúa cambios inmediatos en la Constitución; más bien, declara la necesidad de reformarla y detalla los puntos que podrá abordar la Convención Constituyente.
Objetivos de la reforma
Esta Convención tiene como tarea redactar los temas que han sido autorizados por la nueva ley. Entre los objetivos de la reforma se incluye:
- Imponer límites a las reelecciones en la gobernación.
- Eliminar las elecciones legislativas de medio término.
- Realizar cambios en los mandatos de los jueces y otros cargos judiciales.
- Establecer nuevas disposiciones sobre la autonomía provincial.
El gobernador Poggi celebró la aprobación de la reforma, interpretándola como una acción para “fortalecer la institucionalidad en los tres poderes del Estado”. En sus redes sociales, expresó: “Felicitaciones a todos los que realizaron su aporte de ideas y felicitaciones a los Senadores y Diputados Provinciales que la defendieron y votaron. Un día histórico para la provincia de San Luis”.
Cambios en el sistema de reelección
La reforma habilita la modificación de 23 artículos existentes, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos. Uno de los principales cambios se refiere al artículo 147, que establece la prohibición de reelección para quienes hayan ocupado la gobernación por dos períodos, ya sean consecutivos o alternados, lo que impediría que se repita el modelo de los Rodríguez Saá en la provincia.
Adolfo Rodríguez Saá, quien reformó la constitución en 1987 para permitir la reelección indefinida, ocupó la gobernación en cinco ocasiones, mientras que su hermano Alberto lo hizo en cuatro oportunidades. El actual gobernador, Claudio Poggi, tendría, en teoría, una opción de ejercer un tercer mandato, ya que el período 2023-2027 cuenta como su primer mandato.
Nuevos periodos legislativos
El proyecto también establece que las cámaras de Diputados y Senadores se renueven por completo cada cuatro años, coincidiendo con la elección de gobernador. Las sesiones ordinarias se extenderían desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.
En cuanto a los mandatos legislativos, se prevé que aquellos elegidos en 2025 se mantengan en sus cargos hasta 2031, ya que sus mandatos, que originalmente vencían en 2029, serán prorrogados por una cláusula transitoria. Desde las elecciones de 2031, la renovación total de ambas cámaras se realizará cada cuatro años, modelo que también se aplicará a los Concejos Deliberantes de los municipios.
Transformaciones en el ámbito judicial
La reforma también contempla la separación del Ministerio Público del Poder Judicial, creando una estructura de doble liderazgo compuesta por una Defensoría General y una Procuración General. Se establecerá un Consejo del Ministerio Público encargado de la selección de los miembros inferiores y contará con su propio Jurado de Destitución.
Uno de los aspectos más relevantes es el establecimiento de un límite de 75 años para el ejercicio de cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. La continuidad en dichos cargos se podrá analizar a partir de esa edad mediante una nueva designación, que requerirá el acuerdo del Senado y la propuesta del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, se planean cambios en el Consejo de la Magistratura, que incluirá representantes de la academia y del Senado, y elaborará un orden de mérito basado en los concursos de antecedentes.
Otro aspecto a considerar es la cláusula federal que reforzará competencias no delegadas al Gobierno federal, así como el poder de policía y tributario provincial sobre establecimientos de utilidad nacional en San Luis. Igualmente, se discutirá un nuevo régimen de coparticipación.
El proyecto también habilita un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales, concediendo facultades para celebrar convenios de inversión y cooperación directa. Además, se propone que la fecha límite para presentar el Presupuesto provincial pase del 31 de agosto al 30 de septiembre.
Comments