Rechazo a la rápida tramitación de la reforma
La Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal manifestó su oposición al tratamiento acelerado de la reforma penal durante las sesiones legislativas extraordinarias. En un comunicado, los académicos y fiscales especializados subrayaron que “la indiscutible y necesaria actualización del Código Penal argentino no puede hacerse a libro cerrado, sino que requiere consensos entre las fuerzas políticas y un debate amplio, informado y participativo, que involucre a la sociedad civil”.
Apoyo de juristas destacados
Entre los profesionales que firmaron este comunicado, se encuentran: Alejandro Slokar, camarista de Casación y Profesor titular de UBA y UNLP; Raúl Zaffaroni, Profesor emérito de UBA y exjuez de la Corte; Javier De Luca, fiscal del alto tribunal y Profesor titular de UBA; y Daniel Erbetta, Profesor Titular de UNR. Estos juristas reiteraron que las declaraciones del gobierno “alejan la posibilidad de un proceso democrático para la reforma penal, avalando una codificación ideologizada carente de diálogo y aportes técnicos necesarios para la legitimidad del cambio”.
Solicitud al Congreso
Por ello, pidieron al Congreso que posponga el tratamiento de la reforma para las sesiones ordinarias. También exigieron que se asegure la participación de universidades, institutos especializados, colegios de abogados, asociaciones de magistrados y ONGs, entre otras, para que puedan presentar aportes críticos y propuestas alternativas al proyecto impulsado por el gobierno actual.
Alternativa de reforma penal
Adicionalmente, se presentó un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), a través del diputado nacional Fernando Carbajal. Esta iniciativa tiene como propósito reorientar el debate generado por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas.
Metodología y legitimidad del anteproyecto
La principal diferencia entre este anteproyecto y el del gobierno reside en su metodología y legitimidad. El anteproyecto apoyado por el INECIP, elaborado en 2007, se distingue por su alta calidad técnica y su enfoque plural. Según el Instituto, “esto fue resultado del trabajo ad honorem de un calificado grupo de expertos, sometido a un amplio debate y consulta pública que involucró a más de 20 universidades nacionales, operadores judiciales y numerosas organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos”.
Críticas a la iniciativa gubernamental
En contraste, se señaló que la iniciativa del PEN careció de esta discusión previa, lo que socava la legitimidad de una ley tan crucial. Además, advirtieron que el proyecto corre el riesgo de caer en un enfoque punitivista demagógico, centrado en incrementar penas, lo cual ha demostrado ser ineficaz para reducir la criminalidad o mejorar la seguridad ciudadana.
“Endurecer penas también implicará un aumento en la tasa de encarcelamiento en un sistema penitenciario que ya está colapsado”, añadieron.
Importancia del debate plural
El INECIP ha enfatizado repetidamente la necesidad de un debate plural para alcanzar consensos duraderos. Esto implica ir más allá de las decisiones del Poder Ejecutivo, incluyendo activamente a la academia, operadores judiciales y organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones de víctimas y defensores de derechos humanos que son esenciales en esta discusión.
“No podemos permitir que el debate se limite a frases hechas. La consigna ‘el que las hace las paga’ pretende evitar la discusión profunda sobre la ineficacia, desproporcionalidad y la crisis estructural de nuestro sistema penal”, concluyeron.
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