Fallo judicial en favor de las universidades públicas
Este martes, la Justicia emitió un fallo favorable a las universidades públicas que reclamaban la aplicación de la Ley de Financiamiento, aprobada en septiembre del año anterior por el Congreso. Esta decisión llega en un contexto de nuevas protestas en las facultades, donde se reclaman aumentos salariales y mayor presupuesto.
Requerimientos del fallo
Según la resolución conocida hoy, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación presentada por el Gobierno, exigiendo que se implemente de manera inmediata la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La Justicia argumentó que “tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron el proyecto con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley” y destacó que los argumentos del Gobierno para no cumplirla son “poco serios”.
Asimismo, el fallo establece que el Ejecutivo debe cumplir de inmediato con la actualización de salarios para docentes y no docentes, así como con la actualización de becas, considerando que la suspensión de la ley por decreto es ilegítima. La Justicia también indicó que la implementación de la ley no repercute significativamente en el equilibrio fiscal, ya que su costo representa solo el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Contexto de la apelación gubernamental
El Gobierno había interpuesto una apelación a mediados de febrero contra una medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, mediante la Procuración del Tesoro. Esta medida cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Contenido de la Ley de Financiamiento
La ley aprobada en septiembre establece el presupuesto para los gastos de funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como el mantenimiento de líneas de apoyo vinculadas a la ciencia y tecnología. Establece que los salarios deben actualizarse automáticamente de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, prevista para septiembre de 2025.
Nuevas medidas del Ejecutivo
Previniendo un posible fallo desfavorable, el Ejecutivo presentó al Congreso un nuevo proyecto destinado a modificar la ley votada, reconociendo solamente un 12,3% de la pérdida salarial de 2025 y omitiendo la de 2024, aunque la caída real de los sueldos alcanzó el 14% en 2025 y un 38% en 2024.
La ley vigente establece que el Estado nacional debe convocar a los gremios del sector a negociaciones paritarias al menos cada tres meses, asegurando una actualización mensual que no sea inferior a la inflación determinada por el INDEC. El nuevo proyecto también menciona una paritaria trimestral, pero no incluye el compromiso de aumentar mensualmente según inflación.
En lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la ley vigente prevé una corrección por lo perdido en 2024 y 2025, mientras que el nuevo proyecto solo se enfoca en 2026 y sugiere atar la actualización de esos gastos a la inflación observada por el INDEC que supere el 14,3%, cifra estimada en el Presupuesto 2026.
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