Baja de la edad de imputabilidad: un debate vacío
En la Provincia de Buenos Aires hemos implementado una política de Estado que ha logrado reducir en un 20,8% la cantidad de menores involucrados en homicidios. Colocar el foco en la edad mínima de imputabilidad es un argumento estéril, que no contribuye a resolver esta problemática. Es crucial que mantengamos la decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof para proporcionar respuestas serias y efectivas que beneficien a todos los argentinos.
Necesidad de un nuevo marco legal
Argentina necesita urgentemente establecer un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Este consenso es compartido por casi todos los partidos políticos, así como por funcionarios judiciales y organizaciones sociales. La legislación actual, basada en el Régimen Penal de la Minoridad, es un decreto-ley de 1980 que se ha vuelto obsoleto y no cumple con los requisitos constitucionales básicos.
No hay duda de que se debe sancionar un nuevo marco legal, y esta es una tarea pendiente y una responsabilidad que debería asumir el Congreso de la Nación.
Acciones concretas en la Provincia de Buenos Aires
A diferencia del gobierno nacional, que se queda inactivo, en la Provincia de Buenos Aires hemos tomado la iniciativa. Gracias a la decisión de Kicillof, hemos abordado la situación de forma activa. ¿Cuál es la razón que da el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad? ¿Es encerrarlos? El Presidente Milei debería saber que ya podemos aplicar medidas bajo el marco legal actual si un menor comete un delito grave como un homicidio.
- Si un menor de edad comete un delito violento, el Estado debe actuar y aplicar una sanción efectiva.
- Las autoridades han detenido a 40 menores de 12 años por posesión de armas en 2024.
- En 2023, se detuvo a niños de apenas 10 y 11 años.
Si complicamos más la situación proponiendo un límite de edad de 13 años, ¿qué haríamos con estos menores? No podemos simplemente seguir bajando la edad sin un propósito claro. La legislación comparada en otros países indica que se puede fijar la edad mínima en 12, 14, 15 o incluso 16 años. Sin embargo, lo crucial es el principio de no dejar en libertad a un menor que comete delitos graves con un arma.
Marco legal actual y sus resultados
En Buenos Aires, existe una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil establece un registro específico para menores infractores. Según los registros, en 2024, el 2,1% de las causas penales implicaban a menores, y el 8,5% de los homicidios dolosos estaban relacionados con individuos menores.
El Programa “Entramados”, creado por decreto, tiene como objetivo coordinar el trabajo de la policía y los servicios sociales para hacer seguimiento de los menores que cometen delitos. La intervención estatal debe iniciar ante la primera infracción del menor, independientemente de su edad.
El rol del Estado y la prevención
Construir un entorno con orden y convivencia social requiere planificación, profesionalismo y financiamiento. La inversión en seguridad ha permitido notables resultados: en 2025 se registró una reducción del 17% en el número de homicidios en comparación con el último año de la gestión anterior.
Mientras seguimos avanzando, el Presidente Milei ha rechazado las reuniones para discutir estos temas en profundidad. Debería considerar promover leyes de responsabilidad penal juvenil en cada provincia, así como comprometerse a financiar políticas serias de seguridad.
El gobernador Kicillof es firme en su propósito de ayudar a todos los argentinos, así que desde nuestra experiencia estamos dispuestos a colaborar y encontrar soluciones efectivas antes de que ocurra otra tragedia.
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