El Gobierno Nacional Actúa Contra el Juez González Charvay
El Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, ha presentado una recusación contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Esta acción se produce en el marco de un expediente donde el magistrado aceptó el trámite colectivo de un amparo contra un artículo del decreto que suspende la aplicación de la ley que declara la emergencia en discapacidad.
Motivos de la Recusación
Fuentes judiciales informaron que la decisión de recusar al juez se basa en la sentencia emitida el 5 de noviembre. En esta resolución, el magistrado se pronunció sobre temas que son fundamentales para el litigio, indicando que el Decreto N° 681/25 había suspendido la Ley N° 27.793. Esta interpretación contrasta con la posición del Gobierno, que sostiene que dicho decreto no es aplicable.
En su presentación, la Procuración del Tesoro argumentó que la irregularidad en el razonamiento del juez es motivo suficiente para la recusación. Cabe destacar que en agosto, González Charvay había declarado inválido el veto del presidente Javier Milei a la mencionada ley de emergencia en discapacidad.
Desarrollo de la Ley de Emergencia
A principios de septiembre, la oposición en el Senado apoyó la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa impulsada principalmente por el arco opositor. Esta ley, sancionada en julio y vetada luego por el presidente, tiene como objetivos actualizar los aranceles de prestadores y establecer una pensión no contributiva por discapacidad, que equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, se contempla que las pensiones por invalidez laboral existentes pasen automáticamente a este nuevo esquema, asegurando acceso a un programa de atención médica, así como la regularización de deudas del sistema de salud con prestadores.
Promulgación y Consideraciones Financieras
Después de los votos en el Senado, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley el 22 de septiembre, aclarando que su implementación está sujeta a la aprobación de partidas en el presupuesto nacional. El impacto fiscal proyectado de esta norma se estima en $3,02 billones para el período 2025-2026, equivalente al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI).
- El Congreso no especificó las fuentes de financiamiento, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera.
- El impacto financiero del establecimiento de la Pensión no Contributiva por Discapacidad se prevé en $2,16 billones en 2025, y $4,7 billones para 2026.
- El Programa Incluir Salud tendría un costo de $574.200 millones este año y $1,23 billones el siguiente.
- Se calcula que la compensación económica a los prestadores implicará $278.323 millones.
Según el expediente judicial, después de la emisión del decreto, dos representantes de menores iniciaron una acción judicial en el Juzgado Federal de Campana para declarar la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto N° 681/2025, que fue publicado en el boletín oficial. El 5 de noviembre, el juez González Charvay desestimó un planteo del Ministerio de Salud sobre la falta de legitimación activa y definió los términos del colectivo, lo cual motivó la recusación del Gobierno.
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