Advertencia del Enacom al Gobierno de la Ciudad
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ha emitido una advertencia formal al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señalando que la reciente licitación para concesionar la gestión operativa del Canal de la Ciudad y las radios públicas porteñas podría entrar en conflicto con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Esta ley estipula la prohibición de delegar la explotación de licencias audiovisuales, lo que podría generar serias implicancias legales.
Análisis de la licitación pública
En la nota dirigida al jefe de Gobierno, Jorge Macri, el organismo regulador expone que, tras el análisis del pliego administrativo, se ha identificado una “colisión con el marco regulatorio vigente”, especialmente en relación al principio de indelegabilidad estipulado en el artículo 44 de la ley nacional.
Esta advertencia se produce tras la publicación en el Boletín Oficial porteño, en marzo, donde se anunciaba el proceso de la licitación pública BAC N° 1002-0321LPU26. Este proyecto busca la “concesión del gerenciamiento oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires” por un período de cinco años, supervisado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Posibles sanciones y fundamentos de la licitación
En la comunicación de Enacom, su interventor, Juan Martín Ozores, subraya que la legislación vigente exige que la gestión de los servicios de comunicación audiovisual sea ejecutada por su titular. La delegación de esta función, ya sea total o parcial, se considera una infracción grave que puede llevar a sanciones, incluidas la caducidad de la licencia. Ozores advirtió que, si el proceso licitatorio continúa en sus actuales condiciones, Enacom se verá obligado a iniciar acciones sancionatorias.
- El conflicto principal radica en el significado del “gerenciamiento operativo” que se busca ceder.
- La Ley 26.522 define varias acciones como delegación de la explotación, tales como la cesión de espacios de programación o el establecimiento de contratos de exclusividad para la producción de contenidos.
Reacciones y repercusiones políticas
A pesar de que la Ciudad fundamenta la licitación en la Ley 2095 de Compras y Contrataciones porteña, que regula licitaciones y concesiones administrativas a nivel local, existe una confrontación con la ley nacional que se aplica a la jurisdicción federal. Esta situación ha generado críticas en el ámbito legislativo opositor, donde se sostiene que la iniciativa podría representar un paso hacia la privatización de los medios públicos de la Ciudad.
Hasta el momento, el gobierno porteño no ha proporcionado una respuesta pública a las observaciones de Enacom, ni ha indicado si tiene la intención de modificar o suspender la licitación. Según el cronograma oficial, estaba prevista la apertura de ofertas para el pasado 20 de abril. Si el proceso continúa sin modificaciones, podría desencadenarse una disputa judicial entre el gobierno de la Ciudad y el ente nacional, cuestión que pondrá a prueba la autonomía de la Ciudad frente al marco federal de los servicios de comunicación audiovisual.
Comments