Intervención de la obra social rural
La obra social de los trabajadores rurales, conocida como Osprera, que ha estado bajo intervención del Gobierno de Javier Milei durante el último año, ha solicitado a la Secretaría de Trabajo la implementación de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) con el fin de garantizar la continuidad de la atención médica para sus afiliados. Este procedimiento fue anunciado a través de un comunicado oficial por parte de la intervención liderada por Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista relacionado con Eduardo “Lule” Menem.
Decisiones clave y contexto judicial
Petroni, quien fue designado de manera temporal por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ha recibido una prórroga en su mandato al frente de la intervención. Esta medida de activar el PPC se produce un día después de que el juez federal Sebastián Casanello implementara diversas pruebas en el expediente que investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros vinculados a la gestión libertaria, acusados de haber ideado un supuesto “plan criminal” para tomar control del gremio Uatre, actualmente dirigido por José Voytenco del Partido Justicialista chaqueño.
- El proceso judicial investiga posibles estrategias para desestabilizar la representación gremial de los trabajadores rurales.
- Las irregularidades administrativas podrían haber sido manipuladas para justificar la intervención de Osprera.
Casanello ordenó a la Secretaría de Trabajo que, en un plazo de 10 días, presente 19 expedientes completos que estén relacionados con seccionales de Uatre donde han ocurrido conflictos o intervenciones directas.
Implicaciones del Procedimiento Preventivo de Crisis
Con este avance judicial, Petroni ha confirmado el inicio del trámite para el PPC en Osprera. El comunicado indica que en la actualidad, la organización destina un 16% de su gasto mensual al personal, cifra que duplica el 8% que establece la Superintendencia. La implementación del PPC podría permitir un ahorro superior a $10.500 millones, ayudando así a equilibrar el presupuesto sin comprometer las prestaciones o servicios esenciales.
Como lo señaló la intervención, “El Proceso Preventivo de Crisis es una herramienta legal que facilita el ordenamiento de la estructura económica de entidades en crisis, sin interrumpir su funcionamiento. En este caso, servirá para resguardar las prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, regular las relaciones con prestadores y proteger los empleos dentro del sistema de salud, bajo supervisión oficial”.
Época de crisis y asistencia gubernamental
El Gobierno anterior, del Frente de Todos, también había brindado apoyo a Osprera. El 7 de diciembre de 2023, poco antes de que Alberto Fernández transfiriera el poder a Milei, se otorgó un subsidio de $3350 millones como “apoyo financiero”. El entonces titular de la SSS, Daniel López, fue el encargado de aprobar el desembolso de estos fondos. A pesar de un pedido judicial para intervenir la obra social en ese momento, Voytenco mantuvo el control hasta que la administración de La Libertad Avanza decidió destituirlo por decreto.
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