Evaluación de multar a grandes prepagas
El sector de la medicina prepaga se encuentra en una situación de nerviosismo, según se desprende de un artículo reciente. El texto, publicado el viernes, menciona de manera irónica la “cartelización” del sector, ya que la mayoría de los incrementos en las cuotas programados para octubre están alineados con la inflación del 1,9 por ciento. Esta terminología ha provocado reacciones intensas, incluso un llamado a evitar su uso, debido a la investigación que se lleva a cabo desde el año pasado.
Investigación de la CNDC
En este contexto, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) investiga si un grupo de prepagas que controla cerca del 65 por ciento del mercado ha incurrido en prácticas anticompetitivas al acordar aumentos significativos de precios, que alcanzarían hasta el 40 por ciento en enero de 2024. Esto ocurre tras la implementación del DNU 70 durante el gobierno de Javier Milei, que eliminó los controles de precios previamente establecidos por la administración de Alberto Fernández.
La etapa crucial de la causa ha finalizado con la presentación de alegatos por parte de todas las partes involucradas, previa a la decisión de la CNDC y la resolución final de la Secretaría de Comercio. Este proceso fue desencadenado por una denuncia presentada por la Coalición Cívica, a través de sus diputados Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso.
Prepagas en la mira
Las instituciones implicadas en el caso incluyen a OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico, quienes argumentan que los aumentos cuestionados son consecuencia de un retraso en la actualización de las cuotas y que sus estructuras de costos son similares, lo que justificaría las coincidencias en los ajustes.
Una fuente vinculada a las prepagas caracterizó la situación como “una espada de Damocles”, aludiendo a la incertidumbre que representa un fallo en contra, el cual podría generar un impacto económico sin precedentes. En este contexto, las empresas afrontan este periodo de libre mercado y las reformas impulsadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Plazos y alegatos
Se anticipa que el proceso llegará a una resolución en un lapso de 60 días, aunque desde la Secretaría de Comercio afirmaron que “no hay fecha estimada para el fallo”. Mientras se espera que se tome una decisión, el panorama de las prepagas sigue siendo incierto, con la amenaza de medidas disciplinarias en vista.
En su alegato, los legisladores de la Coalición Cívica piden una multa que supera los 220 mil millones de pesos según el artículo 55 de la ley 27.442. Para contrarrestar la defensa de las prepagas, que se basa en estructuras de costos, los diputados presentan un análisis del impacto que distintos rubros tienen en cada compañía, como gastos de farmacia, remuneración de personal, prácticas ambulatorias y internación.
Análisis de costos y disparidades
Por ejemplo, el costo en medicamentos for OSDE representa el 21,73%; para Swiss Medical, el 4,13%; para Galeno, el 6,78%; para Medifé, el 22,32%; para Omint, el 6,65%; para Hospital Alemán, el 0,37%; y para Hospital Británico, el 16,55%. Estas discrepancias confirman que “la disparidad de estructuras de costos refuerza la idea de que no se trata de una coincidencia casual de aumentos”. Además, los legisladores destacan que el análisis de los ajustes en febrero y marzo de 2024 mostró una mayor diversidad, sugiriendo que “parte del cartel habría modificado los aumentos tras el conocimiento de la denuncia”.
Consideraciones finales
El alegato también toca la “desproporción de los aumentos”, argumentando que “no corresponden a ninguna variable macroeconómica ni tampoco a la específica del sector”, indicando que, aunque existiera un desfase en los aumentos, su diferencia es tres veces mayor que el índice de salud y dos veces y media la inflación acumulada.
Finalmente, mencionan una reunión de la Unión Argentina de Salud (UAS) el 26 de diciembre de 2023 donde se discutió la implementación del DNU 70/2023, lo que podría indicar la consolidación de la cartelización. Ahora, la CNDC debe evaluar los argumentos y pruebas presentadas para llegar a una resolución en lo que se considera el desenlace de un conflicto que comenzó con el nuevo gobierno.
La posible multa no se traduciría automáticamente en un beneficio para los afiliados, aunque podría permitir que cada persona afectada demandara individualmente en la justicia civil, según lo expuesto por el diputado Reyes.
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