Ampliación de la campaña de EE.UU.
Desde que el ejército de Estados Unidos inició ataques a embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico de América Latina, se han producido cientos de muertes. El gobierno de Donald Trump ahora busca llevar esta campaña letal hacia el territorio, promoviendo acuerdos para posicionar efectivos estadounidenses en países aliados de la región.
Colombia, Guatemala y Honduras: nuevos aliados
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció en su visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras han aceptado permitir operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en sus territorios. Esta acción sigue los pasos de Ecuador, que ya comenzó misiones similares en marzo.
Contrario a estas afirmaciones, Guatemala ha desmentido haber suscrito un acuerdo de este tipo. Hegseth afirmó: “Será como lo que vieron con los ataques contra las lanchas del narcotráfico”, puntualizando que se busca “llevar la lucha a las organizaciones designadas como terroristas”.
Nueva fase en la política exterior de EE.UU.
La expansión de estas operaciones marca un nuevo capítulo en la estrategia del gobierno de Trump para alinear a los países latinoamericanos con sus prioridades de seguridad, buscando reafirmar la influencia estadounidense en el hemisferio. A medida que líderes alineados con Trump ganan terreno en elecciones regionales, Washington asegura tener más aliados dispuestos a colaborar.
Sin embargo, críticos como Michael Shifter, del Inter-American Dialogue, alertan sobre el aumento del riesgo de bajas civiles y sobre las reacciones adversas hacia EE.UU. que podrían perdurar independientemente del gobierno en el poder.
Historia de intervención militar en la región
El ejército estadounidense ha tenido una larga presencia en América Latina, otorgando armas, inteligencia y entrenamiento a aliados para luchar contra el narcotráfico, aunque también ha generado un legado de apoyo a dictaduras y golpes de estado. Desde la llegada de Trump a la presidencia en enero de 2025, la política se ha tornado más intervencionista, designando a 20 grupos criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” y aumentando las operaciones en países como Venezuela y México.
Las operaciones conjuntas con las fuerzas locales son vistas como una estrategia novedosa, capaz de desafiar los sentimientos sobre la soberanía nacional. Hegseth proporcionó pocos detalles sobre dichas operaciones, aunque hizo énfasis en el respaldo de líderes como Abelardo de la Espriella en Colombia, quien solicitó mayor participación militar estadounidense.
Resistencia y desafíos en el terreno
A pesar de la creciente colaboración, México se destaca como un caso particular. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha cooperado en temas de seguridad, pero se opone a una mayor intervención militar estadounidense en su país. Según Adam Isacson, analista de la Washington Office on Latin America, los gobiernos, incluso aquellos de derecha, deben tener en cuenta la soberanía nacional antes de aceptar operaciones militares directas.
Los críticos también cuestionan si una militarización realista de la seguridad conllevará mejoras duraderas. La expansión de la presencia militar podría crear condiciones donde los grupos narcotraficantes se adapten y se reubiquen, en lugar de ser neutralizados. Jeremy McDermott de InSight Crime advirtió que los ataques a campamentos podrían forzar a los grupos a esconderse en comunidades, lo que complicaría aún más la situación.
En definitiva, la creciente presión por parte de EE.UU. a los gobiernos latinoamericanos para actuar contra el crimen organizado viene acompañada de tensiones sobre el equilibrio entre seguridad y soberanía.
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