Funcionarios implicados en un entramado delictivo
Las acusaciones contra un grupo de policías y el fiscal Claudio Scapolan son alarmantes e incluyen una serie de hechos delictivos cometidos por más de una década en San Isidro. Entre los delitos que se investigan se encuentran asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, allanamientos ilegales, extorsión y robo agravado, entre otros.
El escándalo del ex fiscal
Claudio Scapolan, considerado uno de los fiscales más influyentes, fue destituido en abril de 2023 tras ser objeto de múltiples denuncias. Su caída fue parcial, ya que solo se le atribuyó un delito menor relacionado con falsedad ideológica en un documento público en el caso conocido como “Anacona“, que trata sobre el robo de cocaína por parte de policías en la operación “Leones Blancos“.
Recientemente, en el juicio sobre este caso, el fiscal Marcelo García Berro presentó pruebas que vinculan a Scapolan con al menos 10 expedientes adicionales, señalando que su intervención ha sido fundamental para perpetuar las ilegalidades.
Alegaciones sobre prácticas ilegales
García Berro argumentó: “La actuación del entonces fiscal Claudio Scapolan en los casos traídos a estudio en este juicio fue escandalosa y no admite una lectura acotada. Su comportamiento fue parte integral de un sistema que habilitaba delitos de los policías”, haciendo referencia a cómo Scapolan facilitó los procedimientos irregulares y ocultó los actos delictivos.
El juicio y las implicaciones…
El juicio comenzó en 2024 y es uno de los más grandes en la historia judicial del país, con 32 acusados, incluidos 24 policías bonaerenses. El tribunal está evaluando el papel de Scapolan en la red de corrupción que se apropió de fondos y drogas pertenecientes a criminales. Adrián Baeta, un ex miembro de la DDI, también figura entre los acusados y es señalado como el responsable del robo de media tonelada de cocaína de “Leones Blancos“. Actualmente se encuentra preso y sigue el juicio por videoconferencia.
Impacto del narcotráfico en la sociedad
Los alegatos presentados brindan un panorama sombrío de la corrupción institucional y su impacto en la comunidad. García Berro enfatizó que el caso no solo es importante para sancionar a los culpables, sino para abordar el daño social que estas acciones corruptas generan, resaltando que “se trata de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos”. El juicio se prevé que finalice en las próximas semanas y se espera un veredicto severo dada la gravedad de las acusaciones.
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