Un fallo judicial agrava la situación alimentaria en Chubut
En los últimos días, la provincia de Chubut ha estado en el centro de una fuerte polémica tanto legal como alimentaria. El juez Marcelo Nieto Di Biase ha ordenado al Poder Ejecutivo Provincial que adquiera carne roja para el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew, dándole un plazo de menos de 72 horas para llevar a cabo esta compra. Esta decisión ha surgido en medio de una protesta pacífica por parte de los reclusos, quienes exigen mejorar la calidad de los alimentos que reciben.
En particular, los internos que se encuentran bajo tratamientos médicos han manifestado la necesidad de una alimentación adecuada a sus condiciones específicas. El Ministerio de la Defensa Pública es el encargado de representar los intereses de los presos en este reclamo.
Reacción del gobernador
En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ha expresado su rechazo a la resolución del juez en una entrevista en Radio Rivadavia, afirmando: “No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”. El mandatario relacionó este episodio con otros fallos cuestionables emitidos por el mismo magistrado, tales como la demora en un allanamiento por robo de ganado en Dolavon y la exigencia de trasladar de forma presencial a un interno peligroso para recibir terapia, lo que provocó un intento de fuga.
Torres criticó el enfoque de algunos jueces, señalando que “estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia”. También hizo hincapié en que, después de que el gobierno decidió retirar los teléfonos celulares de los reclusos, el mismo juez había presentado un hábeas corpus para revertir esta sanción, afirmando que “hay jueces que ofician más de sindicato de presos que de jueces”.
Acciones del gobierno provincial
Asimismo, el gobernador recordó un caso en el que el juez liberó a un condenado por homicidio tras considerarlo “mejorado”, aunque el liberado volvió a cometer un delito. “Es de una gravedad muy importante porque pone en riesgo al ciudadano de bien”, enfatizó el gobernador.
Consultado sobre posibles acciones institucionales contra el accionar del juez, Torres confirmó que el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Justicia están considerando medidas concretas. “Definitivamente tenemos que ponerle un punto final a estos jueces que ponen en riesgo a todos los chubutenses”, afirmó. En sus redes sociales, Torres reiteró la necesidad de acabar con el «garantismo berreta» que parece priorizar a los delincuentes sobre los derechos de los ciudadanos honestos.
Finalmente, el gobernador concluyó: “Los delincuentes ya no tienen coronita en Chubut” y cuestionó la lógica detrás de los fallos de algunos jueces que, en su opinión, han causado un daño significativo al país.
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