Reclamos de las universidades ante el Gobierno
En el marco de una tensa disputa por los fondos, rectores de universidades nacionales han reiterado su demanda de que el Gobierno cumpla de manera integral con la Ley de Financiamiento. En un comunicado colectivo emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, solicitaron la urgente reanudación de la mesa paritaria para revisar y aumentar los salarios del sector.
Las autoridades educativas instaron a que se transfieran los fondos adeudados para asegurar “el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”. “Reclamamos la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales”, indicaron en su declaración.
Es importante resaltar que el 90% del total del gasto universitario se destina a los salarios de docentes y personal no docente encargado de la administración y el mantenimiento dentro de las instituciones.
Situación crítica de hospitales universitarios
En una parte del comunicado, los rectores también expresaron su preocupación por la complicada situación de los hospitales universitarios, destacando que el Gobierno nacional aún no ha transferido los fondos que les corresponden según el presupuesto de 2026. “El Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, enfatizaron los rectores.
Días atrás, el Ejecutivo había propuesto a los rectores de las universidades un acuerdo que incluyera la transferencia de los fondos contemplados en un proyecto enviado al Congreso para reformar la ley vigente y mitigar su impacto fiscal. Sin embargo, esta reforma sólo reconoce la pérdida salarial de los docentes desde el año 2025, sin considerar lo ocurrido desde 2023.
Además, se estableció que las universidades retirarían la cautelar presentada contra el Gobierno, la cual aguarda una decisión de la Corte Suprema. Esta cautelar demanda el cumplimiento de los aumentos salariales y de becas estipulados en la Ley de Financiamiento, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de un fallo desfavorable para el Ejecutivo, este podría verse obligado a desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades.
Agravamiento del conflicto presupuestario
El conflicto por los recursos destinados a hospitales universitarios se intensificó a principios de mayo, coincidiendo con la cuarta Marcha Federal Universitaria. En una conferencia de prensa, los directores de los seis hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acusaron al Gobierno de retener los fondos y advirtieron que podrían cesar operaciones en 45 días si la situación no se resuelve.
De acuerdo al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, la UBA ha solicitado $75.371.896.068 de una partida que representa el 94,5% del presupuesto asignado a todo el sistema universitario nacional. “Si se aprueba esa solicitud, solamente quedarían $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, aclararon.
No obstante, la UBA insistió en que su pedido estaba vinculado a los fondos del programa “Hospitales Universitarios”, que depende de la subsecretaría de Políticas Universitarias y que continúa sin ejecutarse.
Recientemente, el Ministerio de Capital Humano envió una comunicación a todos los directores solicitándoles que envíen las necesidades presupuestarias de cada institución, con el objetivo de repartir una partida de $79.000 millones. El reparto se coordinará a través de una comisión que incluirá a los directores de universidades con hospitales en formación.
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