Dénuncia contra Rodolfo Aguiar
Este lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó una denuncia penal en contra del sindicalista Rodolfo Aguiar, quien ocupa el cargo de secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Aguiar fue señalado por presuntamente atentar contra el orden constitucional y la democracia al manifestar su intención de provocar una crisis en el actual Gobierno, medida que está dirigida a frenar la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.
Detalles de la denuncia
La acción judicial fue interpuesta por Fernando Oscar Soto, abogado y director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, siguiendo instrucciones expresas de Bullrich. Se le atribuye un delito que se encuentra tipificado en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que establece una pena de prisión de 1 a 4 años.
- El documento presenta que Aguiar amenazó con provocar “la crisis del Gobierno Nacional” en relación a la próxima propuesta del Gobierno sobre la reforma legislativa laboral.
- La declaración de Aguiar fue emitida durante una entrevista en Bravo TV, donde afirmó: “Esto lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este Gobierno”.
A pesar de que el entrevistador le advirtió sobre las posibles consecuencias de sus comentarios, Aguiar intentó ajustar su postura. Sin embargo, Bullrich decidió llevar el asunto a la Justicia en las últimas semanas de su actual gestión en el área de Seguridad, antes de asumir su cargo en el Senado.
Implicaciones de la denuncia
La denuncia subraya que las declaraciones realizadas por una figura que tiene la responsabilidad de representar a los trabajadores estatales son altamente reprobables. Se argumenta que instigar a “poner en crisis” al Gobierno afecta el ejercicio del mandato popular del presidente y su derecho a presentar iniciativas legislativas al Congreso.
Además, se resalta que los comentarios de Aguiar fueron ampliamente difundidos a través de diversos medios y redes sociales, lo que contribuye a su notoriedad pública.
En conclusión, la denuncia solicita el inicio de una investigación penal contra Aguiar por el presunto delito de amenaza, formulando el argumento de que su conducta es una amenaza “pública e idónea” contra el Gobierno Nacional, buscando obstaculizar el libre ejercicio de sus funciones constitucionales.
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