El acuerdo Mercosur en suspenso
Las aspiraciones geopolíticas de la Unión Europea y el compromiso con sus socios internacionales se ven ahora cuestionados tras la decisión del Parlamento Europeo de votar a favor de remitir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su legalidad. Este movimiento es considerado una estrategia legal por muchos, ya que no se espera que surjan objeciones de legalidad, pero permite a los eurodiputados extender el proceso de ratificación que se había proyectado para esta primavera hacia un posible aplazamiento hasta 2027.
Resultados de la votación
En la votación, 334 eurodiputados apoyaron el envío del acuerdo al tribunal, mientras que 324 se opusieron. Este apoyo provino mayormente de la extrema derecha, ecologistas y eurodiputados de diversas ideologías de países como Francia, Polonia, Austria e Irlanda, reflejando un intento de los legisladores de responder a la presión de las protestas en el sector agrícola.
Posible aplicación provisional del acuerdo
La Comisión Europea y los gobiernos now deberán evaluar su siguiente curso de acción. A pesar de la traba legal, existe la posibilidad de lanzar la aplicación provisional del acuerdo. Según el texto del mismo, se activaría con la aprobación de un país del Mercosur. De cumplirse esta condición, no sería necesaria la ratificación del Parlamento Europeo para que el acuerdo entre en vigor provisionalmente, ya que el texto no exige que esta ratificación sea previa a la aplicación.
Implicaciones económicas del retraso
Por otro lado, el artículo 23.3 del acuerdo estipula que se requieren notificaciones mutuas. Los representantes de la Comisión y diplomáticos han señalado que podría haber un margen de maniobra que les permitiera no activar el acuerdo, incluso si se ratificara en un país del Mercosur. Los expertos sugieren que, en caso de que esto suceda, dicho proceso debería realizarse en un plazo aproximado de dos meses, conforme a las normativas de la OMC.
En última instancia, la decisión sobre cómo proceder dependerá del ámbito político. Si la Comisión decide llevar a cabo esta estrategia legal, podría ir en contra de la voluntad expresada por el Europarlamento. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la UE no tiene autoridad para suspender provisionalmente la aplicación del acuerdo o bloquear su ratificación. Su papel se limitaría a señalar posibles errores que necesitarían corrección.
Este nuevo revés en la votación del Parlamento Europeo desencadenará una discusión política entre los gobiernos europeos, quienes se reunirán de forma urgente en Bruselas, con el trasfondo de las recientes amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.
Pérdidas económicas significativas
Un informe elaborado por el centro de estudios económicos ECIPE indica que el retraso acumulado en la ratificación del acuerdo entre 2021 y 2025 podría haber costado a las naciones de la UE alrededor de 183.000 millones de euros en exportaciones. Si la ratificación no se concreta en 2026, se estima que el coste ascendería a más de 215.000 millones de euros. Las cifras indican que Alemania sería la mayor perjudicada, con unas pérdidas de 70.610 millones de euros, mientras que Francia podría enfrentar pérdidas de 38.500 millones de euros, a pesar de que la mayoría de sus eurodiputados respaldaron la decisión de bloquear el acuerdo.
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