Sentencia en el caso de “El Villazo”
A 50 años de uno de los más grandes operativos contra el movimiento obrero, el Tribunal Oral Federal de Rosario determinó la absolución de los 17 acusados en la causa conocida como “El Villazo”. Este evento se refiere a la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución y la violenta represión que la siguió, bajo el marco del Operativo Serpiente Roja del Paraná, que ocurrió en marzo de 1975.
Detalles del fallo
El tribunal falló en favor de empresarios, civiles, policías y militares que enfrentaban acusaciones por homicidios, secuestros y torturas en esa localidad entre 1975 y 1976, justo antes del golpe de Estado de 1976. Este operativo se saldó con 69 víctimas, de las cuales 57 fueron asesinadas. Durante ese periodo, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, existía un aparato estatal dedicado a la persecución ilegal de militantes y líderes sindicales críticos.
La resolución del tribunal, que generó gran expectativa al ser el primer caso en Santa Fe que podía establecer la complicidad empresarial en la represión, fue tildada de “vergonzosa” por los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos. La Fiscalía Federal de Rosario había solicitado penas de prisión perpetua para dos exdirectivos de Acindar y penas de entre 10 y 25 años para exfuncionarios policiales y un guarda rural.
Reacciones tras la absolución
El equipo legal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también había demandado condenas perpetuas para civiles y penas de entre 16 y 25 años para miembros de las fuerzas de seguridad implicados en la represión. Sin embargo, los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci decidieron absolver a todos los acusados, causando conmoción entre los familiares presentes en la sala.
La abogada querellante, Gabriela Durruty, señaló que los jueces actuaron apresuradamente y no entregaron copias de la sentencia a las partes, que se harán públicas el próximo 6 de febrero. Vásquez y Paulucci beneficiaron con su decisión a acusados como Roberto Pellegrini, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro y Juan Carlos Faccendini, a quienes se les imputaban delitos graves como privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita.
Pellegrini, Torralvo y Squiro, que estaban en prisión preventiva, fueron liberados inmediatamente. Dentro del mismo tribunal, el juez Germán Sutter Schneider se pronunció en disidencia, considerando que las 30 detenciones ocurridas entre marzo de 1975 y mayo de 1976, así como 10 asesinatos, representaban crímenes de lesa humanidad y propuso condenas para algunos de los imputados.
Defensa y apelación
La defensa, liderada por Hernán Kovacevich, abogado de varios ex-policías, expresó su satisfacción con la sentencia, alegando que “se hizo justicia” al no haber testigos que los mencionaran ni los ubicaran en el tiempo y lugar de los hechos. Sostuvieron que la denuncia se basaba en “presunciones infundadas” y pidieron la nulidad del proceso por falta de pruebas.
Por su parte, Durruty anunció que apelarán la decisión ante el Tribunal de Casación, mientras que Federico Pagliero, abogado de la APDH, advirtió que buscarán revertir la sentencia, argumentando que hay suficientes pruebas en contra de los acusados.
Contexto histórico
Los eventos conocidos como “El Villazo” ocurrieron entre el 7 y el 16 de marzo de 1974 en Villa Constitución, que había crecido como un centro industrial debido a su origen portuario y agroexportador. La huelga comenzó cuando un grupo de trabajadores tomó varias fábricas, exigiendo elecciones libres en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La reacción del gobierno fue desactivar lo que consideraron un complot “subversivo”, llevando a cabo el operativo que buscaba controlar la región con una fuerte actividad gremial y política. La represión en la siderúrgica Acindar, ahora investigada por su papel en los crímenes, se intensificó bajo la dirección de José Alfredo Martínez de Hoz, quien más tarde se convirtió en ministro de Economía del régimen militar.
Los imputados en esta causa, entre ellos Pellegrini y Torralvo, fueron señalados como los intermediarios entre la empresa y las fuerzas represivas, quienes utilizaron recursos logísticos exclusivos de la empresa para perseguir a los trabajadores.
La represión continuó durante la dictadura, resultando en un alto número de víctimas asociadas a Acindar, según estudios sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.
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