Una estafa que perdura en el tiempo
La trama de la estafa inmobiliaria orquestada por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos ha funcionado durante más de una década, afectando a más de 500 familias que confiaron sus ahorros en busca de un hogar. La estructura, según la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº40 emitida el 1° de diciembre, era una organización criminal diseñada para engañar y desviar dinero.
Aunque los principales involucrados, Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, así como su ex colaborador Patricio Flores, están tras las rejas, varios afectados han denunciado que continúan operando desde la cárcel. Estas denuncias indican que están utilizando emisarios para intentar convencer a las víctimas de retirar sus denuncias a cambio de dinero.
El funcionamiento de la organización
La jueza Paula González ha calificado a esta asociación como una estructura bien definida, que operó entre 2012 y 2025, siendo Vito y Emanuel sus líderes. Ellos eran los encargados de la coordinación, mientras que Juan Ignacio, Santiago y Patricio desempeñaban funciones como directores o fiduciarios.
El sistema diseñado por los L’Abbate se enfocaba en capturar fondos sin la intención de finalizar los proyectos prometidos. Según se concluyó en la investigación, se formaron más de 20 sociedades nuevas a lo largo de los años, muchas de ellas después de 2019, como Induplack S.A. y Icons Tech S.A.. Estos negocios estaban entrelazados para confundir y ocultar el paradero del dinero, lo que muestra un nivel de planificación y coordinación muy sofisticado.
Las consecuencias para los damnificados
En total, el perjuicio económico supera los 40 millones de dólares, que incluye aportes en dólares, cuotas y pagos en efectivo que nunca se vieron devueltos. Cada víctima tiene una historia propia: familias que pagaron por propiedades que no recibieron, compradores que descubrieron que sus unidades estaban vendidas a otros, y proveedores que nunca vieron el pago por su trabajo.
La resolución judicial también resalta que se utilizó el Fondo Común de Inversión Quinquela + Predial como un canal para desviar fondos, disimulando capitales bajo la apariencia de inversiones legítimas. La jueza destacó que este fondo fue instrumental en blanquear capital y no en financiar obras reales.
Una lucha constante por justicia
Las víctimas han manifestado su descontento con el sistema judicial. Aseguran que hay una sensación de desprotección, y que la Fiscalía ha hecho lo mínimo necesario. Exigen a la justicia que investigue «inversores» que están presionando a las víctimas para que retiren sus denuncias.
Además, se alerta sobre una contradicción entre los fueros judiciales. Recientemente, la justicia civil continuó con un remate del edificio ubicado en la calle Nicolás Repetto, a pesar de que pesaba sobre él una orden de no innovar dictada por el juzgado penal. Esto ha alarmado a las víctimas, quienes consideran que está en riesgo un activo que podría ser clave para su eventual resarcimiento.
En este contexto, la fiscalía ha solicitado que se cite a varios implicados para que presten declaración indagatoria, en un caso que parece alejarse de su resolución a medida que avanza el tiempo.
Las víctimas han decidido organizarse y han abierto una cuenta en Instagram para unir esfuerzos: @damnificadosinduplack.
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