Sociedad

La AFA recurrirá a la justicia para impedir la designación de veedores solicitada por la IGJ

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Acción legal de la AFA contra la IGJ

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió el día de ayer un contundente comunicado donde anunció su intención de recurrir a la justicia para bloquear la designación de veedores en la entidad, una solicitud realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en virtud de supuestas “graves irregularidades” detectadas en sus procedimientos administrativos.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, describió dicha designación de los funcionarios externos como una medida “ilegítima” y con una “finalidad política ajena a la ley”.

Reporte oficial y defensa de la AFA

En su comunicado oficial, la AFA calificó la intervención de funcionarios externos como un asalto a la autonomía del fútbol en Argentina. Asimismo, adelantó su intención de agotar todas las instancias judiciales para revertir esta decisión. La AFA publicó un mensaje extenso donde critica severamente las acciones de la IGJ y cuestiona la legalidad de la designación de veedores.

  • La AFA afirmó que “no hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto”.
  • Destacaron que, si no hay sanciones, entonces no puede considerarse que haya gravedad en la situación.

El comunicado enfatizó que, a pesar de las acusaciones de “graves irregularidades” que menciona la IGJ, tales como “millones de dólares de origen y destino desconocido” y la existencia de una “sede social falsa”, esta última asegura que la veeduría planar no implica sanciones.

Situación sobre balances y domicilio legal

La AFA volvió a desmentir que existan balances sin presentar durante más de ocho años y confirmó que los ejercicios correspondientes a los años 2017 a 2024 fueron entregados debidamente, aunque admitió que hay “vistas pendientes” de respuesta, lo que indica que aún el proceso está abierto y sin irregularidades comprobadas. En cuanto al ejercicio de 2025, explicaron que no fue presentado ante la IGJ, dado que su domicilio legal está registrado en la Provincia de Buenos Aires desde noviembre de 2024.

El conflicto sobre la sede y el trasfondo político

Uno de los aspectos álgidos del conflicto es la mudanza de la sede de la AFA a Pilar, que la IGJ ha calificado como “falsa” al no existir oficinas en el nuevo predio. No obstante, la AFA sostiene que este cambio fue validado por la autoridad provincial y que la inscripción es legítima y vigente.

La organización recordó un caso judicial del pasado: en 2023, la IGJ intentó intervenir en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) bajo la presidencia de Patricia Bullrich, pero esta intervención fue anulada por la justicia por “violación al debido proceso”. La AFA argumenta que la metodología utilizada en ambos casos es similar y que ya fue desestimada por los tribunales anteriormente.

Sospechas de la AFA sobre intereses externos

Al respecto, la AFA ha señalado que su situación actual es el resultado de una confrontación entre la Nación y la Provincia sobre la jurisdicción de la entidad, y que el fútbol argentino se está utilizando como “campo de batalla” en un conflicto político que no tiene relación con el control administrativo.

En su comunicado, la AFA afirmó que la intervención de la IGJ busca establecer Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el ámbito del fútbol argentino, comprometiendo la autonomía de la entidad y buscando debilitar a la AFA, la cual defiende el modelo de clubes sociales.

Estrategia judicial en marcha

La AFA confirmó que, en las próximas horas, iniciará las acciones legales pertinentes para que la intervención de la IGJ sea desestimada, tal como sucedió en el caso de Bullrich. Además, la AFA prevé apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si amerita, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Finalmente, la AFA envió un mensaje claro a los clubes, sus socios y los hinchas: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni intereses empresariales que intentan convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y legalidad por todos los medios judiciales y democráticos posibles.”

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