Transformación del Fuero Laboral Nacional
Este año, varios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y sus contrapartes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a trabajar en una mesa de diálogo con un objetivo claro: lograr el traspaso de fueros que actualmente dependen del ámbito nacional y que, según la Constitución de 1994, deberían ser locales. Los equipos liderados por Mariano Cúneo Libarona y Gabino Tapia elaboraron documentos y propuestas. Sin embargo, en el trámite de la ley, apareció sorpresivamente un artículo 91 que establecía: “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme a las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos.” Este artículo, de ser aprobado, significaría el traspaso del fuero a la Ciudad.
Reacciones y Preparativos en la Ciudad
La noticia generó reacciones en la Ciudad, donde un alto funcionario de la administración de Jorge Macri expresó su satisfacción, señalando que “es un viejo anhelo y forma parte del reclamo de autonomía”. De este modo, los borradores que antes carecían de un cronograma claro adquirieron una importancia notable, en especial por la cantidad de nuevos juzgados que se proyecta crear.
El proyecto se presentó recientemente en el Congreso, y aunque está pendiente de discusión y negociación con otros bloques, en la Ciudad ya están preparados para asumir un fuero que ha sido considerado una fortaleza del kirchnerismo, particularmente desde que la familia Recalde se encargó de las designaciones en ese ámbito. En mayo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad había convocado a un concurso que registró 52 inscriptos, lo que permitió avanzar en la selección de candidatos para los juzgados laborales.
Plan de Trabajo del Gobierno Porteño
Según el plan diseñado entre la Ciudad y la Nación, si se aprueba el proyecto, será necesario establecer un convenio de transferencia. La administración porteña planea crear diez juzgados laborales que se encargarán de los nuevos expedientes. “Con diez juzgados iniciales, podremos manejar toda la nueva carga. Estamos muy lejos de los ochenta magistrados actuales del fuero laboral. Los concursos para esos cargos ya están en marcha”, indicaron fuentes cercanas a Tapia.
Mientras se organiza el nuevo fuero laboral, el Gobierno de Javier Milei ha decidido cerrar el proceso en los juzgados nacionales. Esto implica que todos los expedientes actuales permanecerán bajo la jurisdicción nacional, sin que se transfiera ningún caso en curso. “Un plazo razonable para la transición podría ser de 5 años, durante los cuales el nuevo fuero solo se encargará de los nuevos casos”, sugirieron algunos analistas, quienes también mencionaron que los jueces actuales podrán decidir si pasan a la Justicia local o permanecen, además de optar por el sistema de jubilación cuando sea necesario.
Retos y Reacciones de los Magistrados
Sin embargo, hay varios puntos aún sin definir, especialmente respecto a las causas que involucran a sindicatos o convenios colectivos, que se encuentran actualmente en el fuero nacional. “Es probable que queden algunos juzgados laborales con funciones similares a las federales para abordar estos asuntos”, comentó una fuente que trabaja en el plan.
Consultados sobre el proceso de elección de nuevos jueces, desde la administración de Macri indicaron que podría llevar alrededor de un año, lo que sugiere que el cambio no será inmediato.
Es importante recordar que la transferencia de competencias entre la justicia nacional y la de la Ciudad es un proceso que se ha venido desarrollando durante los últimos 30 años, teniendo su origen en la aprobación de la Constitución porteña y la reforma constitucional de 1994. No obstante, la inclusión del artículo 91 ha generado un fuerte rechazo entre los magistrados, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ha expresado su oposición a la reforma laboral, argumentando que esta deroga implícitamente la vigencia del fuero nacional laboral.
A pesar de la resistencia, tanto en la Casa Rosada como en el gobierno de la Ciudad, son conscientes de que es probable que surjan impugnaciones judiciales al implementar el artículo, si se aprueba. Sin embargo, ante el precedente del caso Levinas, donde la Corte Suprema estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad interviene en la revisión de decisiones de la justicia nacional, es muy probable que no se opongan a la creación de una nueva magistratura para la Ciudad.
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