La gestión gubernamental ante el caso LIBRA
El Gobierno se esfuerza por minimizar el impacto de las nuevas pruebas que han surgido dentro de la causa judicial relacionada con la criptomoneda $LIBRA. Se mantiene en constante vigilancia sobre el análisis pericial que involucra comunicaciones entre el entorno del Presidente y el lobista Mauricio Novelli durante la introducción del activo digital, un movimiento que ha ocasionado pérdidas para los inversores de al menos US$100 millones.
Perspectivas divididas en la administración
En la Casa Rosada, coexisten diferentes opiniones acerca de cómo manejar la situación. Algunos funcionarios se muestran optimistas, alegando que “no hay nada en el fondo de la cuestión” que comprometa jurídicamente a Javier Milei. Sin embargo, otros reconocen que la difusión de comunicaciones y evidencias ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político y mediático.
Posturas sobre la participación del Presidente
La línea más cercana al Ejecutivo defiende que el Presidente no tuvo injerencia en la creación o en la operativa financiera de la criptomoneda, asegurando que las revelaciones sobre contactos previos no alteran su situación legal. Esta posición coincide con la defensa planteada desde febrero de 2025.
Nuevas evidencias surgen del análisis de dispositivos
Los nuevos registros corresponden a análisis técnicos realizados en los teléfonos de Mauricio Novelli, donde se han detectado numerosas comunicaciones con miembros del círculo presidencial justo antes y después del lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. La investigación está bajo la supervisión del fiscal Eduardo Taiano, quien ha estado involucrado desde enero.
Reacciones dentro del Gobierno
Desde el Gobierno, algunos sectores muestran profunda preocupación ante la posibilidad de que Javier y Karina Milei sean convocados judicialmente, considerando que sería “lo peor que les podría pasar”. Además, señalan que tomarán “todas las medidas necesarias” para evitar que esto suceda.
Cambios en el Ministerio de Justicia y su impacto
La divulgación de los nuevos datos ha reavivado los debates en el Ejecutivo sobre cómo manejar la situación desde el punto de vista político y judicial. Funcionarios atribuyen la “pérdida de control” a los recientes cambios en el Ministerio de Justicia, que ahora está bajo el mando de Juan Bautista Mahiques, tras la salida de Sebastián Amerio.
“Amerio no tenía tan mala relación con la Justicia, cuidaba al Presidente. Es incierto si Mahiques compartirá esa misma intención”, se señala en el círculo del consultor Santiago Caputo. Desde el entorno de Karina Milei, sin embargo, se rechaza esta interpretación, sosteniendo que los progresos judiciales son independientes de los cambios administrativos en el ministerio.
Relaciones con el poder judicial
Mientras tanto, desde la Casa Rosada se ponen en la mira al juez Ariel Lijo, encargado de una causa que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al tiempo que intentan establecer contactos con la Corte Suprema. Existen rumores internos que sugieren que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está al tanto del expediente de $LIBRA, ha afirmado que no mantendrá comunicación alguna con Mahiques.
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