Rechazo a la solicitud de detención
El fiscal federal Gerardo Pollicita emitió un dictamen en contra del pedido de detención de Manuel Adorni, solicitado por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón. Según Pollicita, no hay suficientes elementos objetivos que justifiquen esta medida de coerción.
Fundamentos del rechazo
En un extenso análisis, el fiscal subrayó que Adorni tiene un arraigo sólido, y no ha intentado obstruir la investigación. Así mismo, se dictaron nuevas medidas de prueba para investigar más a fondo su patrimonio, incluyendo:
- Los movimientos realizados con criptomonedas.
- Información sobre inmuebles.
- Compras realizadas en plataformas digitales.
El fiscal Pollicita hizo hincapié en que “conforme a la opinión de este Ministerio Público Fiscal, no correspondería hacer lugar a las solicitudes efectuadas en autos”. Destacó que Adorni cuenta con bienes en el país y un domicilio fijo donde reside su núcleo familiar, lo que respalda la existencia de un arraigo suficiente.
Además, Pollicita señaló que Adorni no tiene antecedentes penales y que durante la investigación se ha presentado sin generar demoras.
Investigación y comunicación con testigos
En su dictamen, el fiscal rechazó la noción de que exista riesgo de obstaculización de la investigación, argumentando que las conversaciones entre Adorni y el testigo, Matías Tabar, no han interferido en el proceso. También enfatizó que no se registró evidencia de manipulación de pruebas o influencias sobre las declaraciones.
Pollicita concluyó que las condiciones descritas permiten afirmar razonablemente que no hay parámetros objetivos que indiquen un riesgo cierto de fuga o entorpecimiento de la investigación. Aun así, notificó que Adorni deberá solicitar autorización cada vez que quiera salir del país, lo que será sujeto a evaluación.
Nuevas medidas solicitadas
De entre las nuevas peticiones del fiscal hacia Binance, se incluye un pedido de información detallada sobre los ingresos de activos en la cuenta de Adorni desde su apertura el 23 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021, gestión que se realizó a través de la División Antifraude de la Policía Federal.
Asimismo, se solicitó una ampliación del informe de Lemon para reconstruir la actividad de la cuenta del exfuncionario entre enero de 2020 y diciembre de 2022, incluyendo:
- Movimientos en pesos, moneda extranjera y criptoactivos.
- Depósitos y retiros.
- Compras, ventas y conversiones.
- Datos de las contrapartes.
Por otro lado, el fiscal pidió al Gobierno porteño que informe sobre el pago de las cuotas del ABL de dos inmuebles relacionados con la investigación. En caso de que se haya realizado el pago, se debe identificar quién hizo el mismo y cómo se llevó a cabo.
Finalmente, también se requirió información sobre una compra hecha en Mercado Libre a raíz de un testimonio, y se decidió incorporar al expediente las grabaciones y registros de las últimas declaraciones a la causa.
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