Celebración de la Ley IVE y sus desafíos actuales
El 30 de diciembre marca el quinto aniversario de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, un informe reciente de Amnistía Internacional Argentina alerta sobre “retrocesos preocupantes” en el acceso a servicios de aborto seguro. Entre estas dificultades, se encuentra la suspensión de la compra de medicamentos necesarios para asegurar este acceso, el desmantelamiento de programas de prevención de embarazos no intencionales y la reducción en la distribución de métodos anticonceptivos.
Cifras alarmantes en el acceso a servicios de salud sexual
Entre enero y abril de 2025, la organización reportó recibir “160 casos“, lo que representa un incremento del 133% en relación al total de denuncias del año anterior. Estas cifras se ven enmarcadas en una tendencia de discursos regresivos y políticas restrictivas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+, en nombre de la denominada ‘ideología de género’.
Avances y retrocesos desde la aprobación de la ley
A pesar de los desafíos, Amnistía destaca logros en la salud pública desde la sanción de la ley, tales como:
- Más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema de salud pública entre 2021 y octubre de 2023.
- El 90% de las interrupciones se realizaron durante el primer trimestre del embarazo.
- El número de centros de salud que garantizan la interrupción voluntaria legal se ha duplicado.
Sin embargo, desde la llegada al poder de Javier Milei, se ha denunciado un desmantelamiento sistemático de las políticas de salud sexual y reproductiva, que incluye:
- La paralización de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, insumos esenciales para el acceso a los servicios de salud.
- El desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
- Una reducción drástica en la distribución de métodos anticonceptivos.
Nueva crisis en el acceso a la información y a servicios
En el contexto actual, Amnistía ha registrado más de 400 casos de barreras al acceso al aborto en 2025, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior. Aunque estas cifras no reflejan completamente la situación a nivel nacional, se consideran indicativas del aumento de dificultades que enfrentan las mujeres.
Para poner esto en perspectiva, el informe señala que en 2023, previa a la administración de Milei, se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack. Sin embargo, el 2024 no vio distribución de ninguno de estos insumos a las provincias. Más de la mitad de los hospitales consultados reportaron la falta de stock de misoprostol y casi todos señalaron desabastecimiento de mifepristona y combipack.
Patrón de barreras en lugar de atención adecuada
Los testimonios recogidos por Amnistía evidencian un patrón preocupante de barreras en lugar de la atención necesaria en los hospitales públicos, donde se reporta la ausencia de medicación. pacientes a menudo se ven obligadas a comprar misoprostol por cuenta propia, lo cual es tanto ilegal como económicamente inviable para muchas de ellas.
Por otra parte, se han denunciado prácticas de hostigamiento y maltrato para disuadir a las pacientes de continuar con sus decisiones, sumadas a la falta de información sobre sus derechos. En 2025, cerca del 60% de los casos registrados por la organización concierne a la falta de información clara y específica sobre cómo acceder a un aborto.
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