La licitación de rutas nacionales y la intervención solicitada
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha confirmado que la empresa estatal AUBASA ha presentado su oferta en la licitación de rutas nacionales. En este contexto, la provincia ha solicitado al Ministerio de Economía de la Nación la intervención de las Defensorías del Pueblo tanto a nivel nacional como provincial, actuando como veedores de la licitación. El propósito de esta solicitud es prevenir posibles “arbitrariedades” y asegurar la transparencia durante el proceso licitatorio.
Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, explicó que ha elevado una presentación al titular de la cartera económica, Luis Caputo, pidiendo que la intervención sea antes del proceso en lugar de después, ya que una eventual exclusión arbitraria podría resultar en un daño “de difícil o imposible reparación”.
Implicaciones en el proceso y denuncias de irregularidades
El pedido también incluye la suspensión de cualquier decisión final hasta que los organismos de control emitan sus observaciones, en un entorno que la provincia ha calificado de “máxima sensibilidad institucional”. Katopodis, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, denunció que el proceso licitatorio se encuentra “lejos de ser transparente e íntegro” e hizo hincapié en diversas irregularidades observadas en la Red Federal de Concesiones.
- AUBASA se ha presentado como oferente para la concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires, incluyendo las rutas 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.
- Katopodis afirmó que la empresa cumple con todos los requisitos necesarios y tiene la experiencia para llevar a cabo estas obras.
Modificaciones en la licitación
El ministro Katopodis criticó las modificaciones realizadas por el Gobierno nacional durante el proceso licitatorio, que incluye al menos cuatro circulares emitidas entre diciembre y febrero que modificaron las condiciones iniciales. Resaltó que uno de estos cambios, realizado sin consulta, añadió nuevas exigencias a pocos días del cierre de la licitación.
“El Gobierno nacional alteró las condiciones de la licitación a una semana del cierre, introduciendo nuevas exigencias. Este proceso presenta arbitrariedades”, subrayó Katopodis. Además, expresó que dichos cambios afectan la igualdad entre los oferentes y la previsibilidad del proceso, señalando un tratamiento desigual en la evaluación de las ofertas.
La presentación también cuestiona la interpretación de la experiencia técnica de AUBASA, cuya trayectoria ha sido objetada con argumentos que la provincia considera infundados. Todo esto se produce en un contexto de “hostilidad política, degradación institucional y persecución económica” que según los funcionarios provinciales hace necesaria una supervisión estricta.
Demandas y advertencias
En este escenario, Katopodis formalizó su solicitud ante el Ministerio de Economía de la Nación para que la Defensoría del Pueblo actúe como veedor, con el objetivo de garantizar que no haya arbitrariedad ni influencias políticas en la adjudicación. Este requerimiento se realiza en un contexto que el gobierno bonaerense califica como “hostilidad política y financiera”, lo que podría llevar a una “desviación de poder” en decisiones administrativas que afecten a empresas provinciales.
Katopodis enfatizó que AUBASA cumple con todos los requisitos, posee experiencia y ha presentado la mejor propuesta técnica y operativa, siendo una empresa “superavitaria que reinvierte todos sus ingresos en obras”. Contrastó dicha situación con el estado de las rutas nacionales, las cuales ha calificado como abandonadas, resaltando los accidentes frecuentes que son consecuencia de la falta de inversión.
Refinanciación y política local
En otro orden de cosas, Cuattromo advirtió sobre el aumento de la morosidad en el sistema financiero, que ha alcanzado un 11% en la banca y un 27% en la no bancaria, lo cual refleja problemas serios relacionados con la caída del empleo y los salarios. Anunció nuevas herramientas de refinanciación de deudas con plazos que van hasta seis años para familias y siete para empresas.
Desde el ámbito político, Bianco cuestionó a dirigentes de La Libertad Avanza por su propuesta sobre la boleta única en la provincia, argumentando que no comprenden el funcionamiento institucional correcto. Resaltó que cualquier cambio en el sistema electoral debería ser discutido en la Legislatura y defendió el sistema actual por haber demostrado ser transparente durante el último proceso electoral.
Finalmente, tanto Bianco como Cuattromo manifestaron preocupación respecto a funcionarios nacionales que solicitan créditos en la banca pública mientras critican al Estado, señalando que esto revela la paradoja entre las retóricas del Gobierno y sus propias acciones.
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