Operativo de emergencia en la Cámara Nacional de Apelaciones
En la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026, un operativo de emergencia se llevó a cabo tras el descubrimiento de un bolso sospechoso dentro de la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en Viamonte 1147, en el barrio de San Nicolás. Este hallazgo activó el protocolo de seguridad debido a la posible presencia de un artefacto explosivo.
Detonación en el protocolo de seguridad
El incidente, que se reportó a las 06:18 AM, activó la alarmante respuesta del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad y varias brigadas especializadas. Al poco tiempo, se preservó la zona, evacuando a todo el personal del edificio.
- Los elementos de seguridad comunicaron que un bolso fue arrojado al interior del inmueble.
- Se realizó inmediatamente una inspección técnica del objeto sospechoso.
Resultados de la investigación
Los equipos especializados realizaron una exhaustiva revisión del bolso y revelaron que contenía una réplica de bomba aérea, la cual no poseía ningún tipo de carga explosiva ni sustancias peligrosas. Después de esta evaluación, se descartó cualquier posibilidad de riesgo para los empleados en el lugar.
Intervención de las autoridades
La intervención incluyó la colaboración del personal de Riesgos Especiales y múltiples brigadas de explosivos que trabajaron en conjunto para asegurar el perímetro. No se registraron heridos ni daños materiales durante este procedimiento.
Calificación del hecho
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, dirigido por el doctor Sebastián Ramos, tomó las riendas de la investigación, con participación de la Secretaría N°4, a cargo del doctor Esteban Murano. Este incidente fue calificado como intimidación pública, un delito que implica sanciones para aquellos que causan alarma social mediante amenazas infundadas.
Recordatorio de las autoridades
Las autoridades subrayaron que la manipulación o abandono de objetos que simulan explosivos es un delito severo y enfatizaron la necesidad de reportar cualquier actividad sospechosa.
La División Delitos Constitucionales se encarga esencialmente de investigar delitos que amenazan el orden democrático y las instituciones nacionales, incluyendo sedición, atentados contra el orden público y otros actos que afecten el libre ejercicio de las funciones del Estado.
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