El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) que pertenece a la CTA, estimó que el bono a pagar en dos tramos beneficiará unos 5,5 millones de trabajadores del sector privado registrado e implica movilizar una masa de recursos de $330.000 millones. El costo fiscal, porque el Estado absorberá una parte vía descuentos en contribuciones patronales, rondaría los $137.000 millones.
“Se trata de buscar un esfuerzo compartido con las empresas para recomponer ingresos”, explicaron en el Gobierno. Aunque en la gremial empresaria muchos no lo interpretaron de esa manera. Un ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que emitió un comunicado oficial en el que expresa su “preocupación por la suma fija otorgada a trabajadores ya que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones”.
La entidad que conduce Natalio Mario Grinman cuestionó duramente la decisión y dijo que “buena parte de las empresas del país se encuentran en una delicada situación, debido a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”. Con un tono menos bélico, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, también rechazó la decisión del Gobierno.
Lo que resta saber es si los reparos vendrán solamente desde el sector privado. Otros actores de relevancia, hasta ahora no mencionados, son los estados provinciales y municipales. Ayer, el titular del gremio de los municipales, Hernán Doval, instó a más de 2.300 ciudades del país a replicar la medida sobre los cerca de 900.000 trabajadores que representa. Se sabe que, en más de un caso, al observar sus recibos de sueldo, los trabajadores del sector se encuentran con salarios inferiores incluso a lo que paga hoy un plan social.
Fuente: ámbito
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