Un nuevo enfoque en la relación fiscal
En un entorno marcado por la alta presión fiscal y la falta de seguridad jurídica, la reciente aprobación de la ley de “Inocencia Fiscal” apunta a transformar la dinámica entre el Fisco y los contribuyentes. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), marca un cambio significativo al dejar de lado el enfoque “persecutorio” característico del sistema tributario argentino.
Principio de inocencia y reformas clave
La ley busca establecer que el Estado debe demostrar la culpabilidad de los contribuyentes, consolidando así el principio de inocencia como pilar fundamental del marco fiscal. Este cambio implica reformas significativas en diferentes áreas, como:
- La Ley Penal Tributaria.
- El régimen de multas fiscales.
- Los plazos de prescripción de tributos.
- La simplificación de la liquidación del impuesto a las Ganancias.
Uno de los aspectos destacados de la ley es la actualización de los límites que configuran delitos tributarios. Previamente, diferencias tan solo de $1.500.000 podían resultar en causas penales, lo cual era exagerado ante la situación económica actual. Con la nueva legislación, se establecerán montos mínimos de $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para evasión agravada, permitiendo que solo las infracciones que realmente afecten las arcas públicas sean perseguidas penalmente.
Impacto en el sistema judicial y en las sanciones
La implementación de estos nuevos límites se espera que reduzca considerablemente la carga sobre el sistema judicial. Se estima que menos del 5% de aproximadamente 7.000 causas abiertas seguirán activas. Además, se busca racionalizar el uso del derecho penal, enfocándose en delitos de evasión significativa, dejando de lado el uso simbólico del mismo.
A pesar de la disminución de la criminalización excesiva en el cumplimiento fiscal, la ley también incrementa de manera considerable los montos de las multas en la Ley de Procedimiento Tributario (L. 11.683). Este ajuste, que implica multiplicar las sanciones por mil, pretende actualizar los valores que habían quedado desfasados. Por ejemplo, la multa por omisión en la presentación de una declaración jurada pasará de $400 a $440.000. Aunque pueda parecer un aumento, se argumenta que es una adecuación necesaria a los precios actuales, lo que refuerza el aspecto disuasorio de las sanciones sin caer en criminalizaciones excesivas.
Consideraciones para las pymes y la simplificación administrativa
Aun así, se debería considerar la creación de un régimen especial para las pymes en relación a estas multas, ya que en muchos casos podrían resultar excesivas y poner en riesgo la continuidad de estos negocios.
Otro punto relevante es la reducción del plazo de prescripción para la determinación de impuestos, que se acortará de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado sus declaraciones a tiempo. Esta medida permitirá mayor previsibilidad, evitando revisiones retroactivas indefinidas y premiando a los contribuyentes cumplidores.
Además, el decreto 353/25, emitido por el Poder Ejecutivo, introduce la figura de la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, que facilitará a los contribuyentes con ingresos bajos y medios cumplir con sus obligaciones fiscales de manera más sencilla, al eliminar la necesidad de detallar consumos y evolución patrimonial.
Conclusiones
En resumen, la ley de “Inocencia Fiscal” representa un avance hacia un sistema que respeta más los derechos de los contribuyentes. Al elevar los umbrales penales, actualizar las multas y acortar los plazos de prescripción, se establece una relación más equilibrada entre el Estado y sus ciudadanos, fomentando así el cumplimiento fiscal sin dejar de lado las facultades de verificación y control del Estado en materia tributaria.
Guillermo N Pérez es presidente y Sebastián Mancuso es socio del grupo GNP.
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