Intento de detener el fallo
La República Argentina ha solicitado la desestimación del proceso de reconocimiento de un fallo emitido por una corte en Londres, que beneficiaría a ciertos demandantes que buscan ejecutarlo en Estados Unidos debido a la falta de pago correspondiente. Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, este litigio involucra una reclamación que supera los 1.800 millones de dólares.
Argumentos legales de Argentina
El Gobierno argentino defiende que la demanda carece de base jurisdiccional en EE.UU., lo que implica que el fallo británico no debería ser reconocido ni ejecutado en el país. La acción judicial es impulsada por fondos como Palladian Partners, L.P., HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Maril detalló que el proceso en estas situaciones suele desarrollarse en dos etapas: primero se debe reconocer la jurisdicción del fallo de la corte extranjera; si esto se concede, se procede a localizar activos argentinos que puedan ser embargados.
Situación actual y demanda de los inversionistas
Los demandantes han manifestado ante el Fondo Monetario Internacional que actualmente no existen negociaciones “de buena fe” con el Gobierno argentino para resolver este conflicto. Esta situación ha cobrado relevancia nuevamente tras un cuestionamiento público del Exchange Bondholder Group al presidente Javier Milei en la red X, preguntando sobre su plan para abonar los Cupones PBI.
Milei había comentado que su administración planea cumplir con estos pagos a través de la liquidación de activos estatales, en el marco de un esquema de déficit cero. Según el presidente, este enfoque asegura el pago de los intereses de la deuda, y si fuera necesario, solo requeriría un rollover de las obligaciones, siempre priorizando otras fuentes de financiamiento.
Los Cupones PBI y el trasfondo del litigio
Los Cupones PBI fueron instrumentos financieros emitidos durante las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que contemplaban pagos adicionales si el crecimiento económico superaba ciertos umbrales. En 2013, el disparador para el pago era un crecimiento del PBI de aproximadamente 3,22%–3,3% anual.
Sin embargo, en 2014, el Indec cambió la base de cálculo del PBI, actualizándola a un año base más reciente. Con esta nueva metodología, el crecimiento de 2013 se reportó como 3,2%, por debajo del umbral requerido, evitando así el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un desembolso de más de 3.600 millones de dólares en intereses.
Demandas adicionales en el horizonte
El litigio no se limita solo al fallo británico, ya que en agosto pasado, un grupo de inversores liderados por Aurelius Capital Management presentó una nueva demanda en Nueva York, reclamando 2.600 millones de dólares en concepto de intereses. Este fondo busca que las sentencias emitidas en Londres sean consideradas vinculantes en EE.UU.
Aurelius, conocido como uno de los fondos buitre más prominentes, había sido parte de un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para salir del default, pero ha decidido nuevamente accionar legalmente contra la Argentina, aumentando así la presión judicial sobre el Gobierno actual, que intenta frenar riesgos sobre sus activos y reservas.
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