Alianzas para la legalización del vapeo
Un representante de la World Vaper’s Alliance (WVA), una organización global que recibe financiamiento de una de las principales tabacaleras del mundo, llegó a Buenos Aires con el propósito de sostener diversas reuniones con diversos funcionarios gubernamentales y legisladores nacionales. El objetivo de estas conversaciones es que Argentina levante la prohibición vigente desde 2011 sobre los cigarrillos electrónicos.
El enviado, Alberto Gómez Hernández, es un economista español que ocupa el cargo de gerente de Políticas Públicas en la WVA, una entidad que defiende los intereses de los vapeadores a nivel global. Afirman que buscan establecer un marco regulador para un mercado de cigarrillos electrónicos, el cual en la actualidad es ilegal en Argentina, pero que ha ido creciendo en popularidad. Los consumidores argumentan que tienen derecho a utilizar estos dispositivos de manera segura.
Historia de la prohibición
La administración kirchnerista implementó la prohibición de los cigarrillos electrónicos hace 14 años, en un momento en que el uso de estos dispositivos comenzaba a popularizarse y existían dudas sobre sus efectos en la salud. Aunque muchos países, especialmente en el hemisferio norte, han regulado el comercio de los vapeadores, en gran parte de Sudamérica persiste un mercado informal. Una excepción notable es Chile, donde una nueva legislación sobre el tema comenzó a regir hace seis meses.
Petición y financiamiento
Durante su estancia en Argentina, Gómez Hernández presentó una petición firmada por 15,000 argentinos a las autoridades locales. Sin embargo, el aspecto más relevante es que el financiamiento de esta iniciativa proviene del Consumer Choice Center, una organización ubicada en Washington que recibe apoyo económico de British American Tobacco.
El economista, quien llegó a Argentina desde Bruselas, reconoció el vínculo de financiamiento, pero enfatizó que ambas afirmaciones son válidas: la financiación corporativa y el reclamo genuino de los vapeadores. En una carta dirigida al Ministerio de Salud y a algunos senadores y diputados, se afirmaba: “Hoy sabemos, gracias a numerosos estudios científicos y revisiones internacionales, que vapear es un 95 por ciento menos dañino que fumar y que se ha convertido en una herramienta eficaz para abandonar el cigarrillo”.
Perspectivas de salud pública
Se respaldan principalmente en experiencias de países como el Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, que han integrado el vapeo en sus estrategias de salud pública con notorio éxito para reducir el tabaquismo. No obstante, son pocos los médicos que defienden públicamente estos métodos. La vasta mayoría de los profesionales se muestran cautelosos o incluso rechazan la idea.
Aunque el vapeo evita el consumo de tabaco, la nicotina continua afectando a los usuarios de manera adictiva. Además, han surgido reportes sobre daños pulmonares, en algunos casos mortales. Con el tiempo, el perfil de los vapeadores ha evolucionado, incluyendo tanto a ex fumadores como a individuos que nunca antes habían fumado.
Nueva situación política
La llegada de Gómez Hernández se dio pocos días después de la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta nueva configuración en el Congreso se interpreta como una oportunidad para avanzar en la regulación del mercado de cigarrillos electrónicos, al mismo tiempo que esperan que el Ejecutivo derogue la disposición de la ANMAT de 2011. Consideran que un Estado que defiende la libertad no debería restringir el acceso a estos dispositivos, sino permitir que cada persona decida por sí misma, en un marco de legalidad y regulación para adultos fumadores.
Se intentó comunicar con el Ministerio de Salud para saber si existe interés en derogar la prohibición de los cigarrillos electrónicos, pero no se obtuvo respuesta. Un posible indicio sobre esta cuestión podría encontrarse en la Ley Ómnibus presentada en el Congreso a finales de 2023, que incluyó un impuesto del 25% sobre los cigarrillos electrónicos y sus recargas, anticipando escenarios futuros.
Cuestionamientos sobre la regulación
En decisiones cruciales de salud pública, la disyuntiva radica en la relación costo-beneficio. Los defensores de la regulación advierten que los vapeadores que circulan ilegalmente en el país están fuera de control, y algunos presentan atractivos visuales que pueden atraer a los jóvenes. Por otro lado, se argumenta que oficializar el mercado, aun cuando se considere como un mal menor frente al tabaco, podría no ser la solución más adecuada.
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