Solicitud de inclusión como querellantes
Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal; se presentaron el lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py. Acudieron junto con los fiscales de Estado de sus respectivas provincias para solicitar su incorporación como parte querellante en la causa YPF.
Objetivo de la presentación
El propósito de esta solicitud es “defender los recursos y los intereses patrimoniales” de las provincias que representan, especialmente en el contexto del juicio sobre la expropiación de la petrolera que se tramita en Nueva York.
Derechos patrimoniales en juego
La presentación, avalada por el abogado Bernardo Saravia Frías, enfatiza que las provincias poseen derechos patrimoniales como accionistas de YPF desde la promulgación de la ley 26.741 en 2012. “Nuestra legitimación es indisputable: las provincias son titulares de un derecho colectivo directamente comprometido por los hechos investigados”, argumentaron los mandatarios.
Antecedentes de la causa
En su escrito, que incluye diversos ítems, los gobernadores explican que la causa local se remonta a 2006. En este periodo, se denunció el vaciamiento de YPF durante la gestión de Repsol, la llegada del Grupo Petersen sin aportes de capital y la falta de control estatal, indicando que estos eventos condujeron a la expropiación de 2012 sin cumplir con las normativas que requerían una oferta pública de acciones.
Decisión de la jueza Preska
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a abonar US$ 16.099 millones a los fondos Petersen y Eton Park, un fallo que fue apelado pero sigue vigente. Además, en junio de este año, la magistrada ordenó la entrega forzada del 51% de las acciones de YPF en posesión del Estado argentino, decisión que fue temporalmente suspendida por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Advertencia sobre la sentencia
Los mandatarios provinciales señalaron que el cumplimiento de esta sentencia “afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y el gobierno corporativo de YPF”, lo cual implicaría un daño considerable para las provincias, tanto en términos de regalías como de soberanía sobre los recursos naturales.
Peticiones al juez federal
El escrito menciona la necesidad de avanzar rápidamente en la investigación de los hechos denunciados hace casi 20 años, ya que su esclarecimiento podría influir directamente en decisiones judiciales tomadas en el extranjero que han causado un daño patrimonial inmediato a las provincias. Por lo tanto, pidieron al juez federal que acelere la investigación local, ya que “su esclarecimiento puede torcer la suerte procesal en Estados Unidos”. Además, solicitaron que se informe sobre esta presentación a la jueza Preska y a la Cámara de Apelaciones en Nueva York.
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