Acusaciones entre funcionarios
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, ha renovado su ataque contra el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. Esta situación viene a raíz de los audios filtrados de Diego Spagnuolo y Karina Milei, por lo que el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia, señalando una supuesta “operación de inteligencia ilegal”.
Reacciones y acusaciones mutuas
Franco Francos reaccionó ante declaraciones de Gisella Robles, quien se identifica como expareja y socia de Bindi. Robles aseguró que no tenía dudas sobre la participación de Bindi en las filtraciones de estos audios. “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con ‘agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo’. ¿Y ahora?”, expresó el coordinador de ministros.
Respuesta de Pagano
La diputada Pagano rápidamente contrarrestó las acusaciones: “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas”, comentó. Pagano también cuestionó la corrupción en el contexto de las denuncias, mencionando José Luis Vila y otros implicados.
Postura de Bindi
Por su parte, Bindi también utilizó sus redes sociales para desmentir a Robles: “Sobre los dichos de esta mujer a la que supe darle trabajo: JAMÁS fue mi pareja. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. No hablo con ella hace años (por mi decisión)”.
Denuncia del Gobierno
El Gobierno presentó este lunes ante la justicia federal una denuncia sobre lo que consideran una “operación de inteligencia ilegal”, con el objetivo de “desestabilizar al país” justo durante la campaña electoral. Los audios en cuestión pertenecen a Karina Milei y otros funcionarios. La denuncia, efectuada por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, está radicada en el juzgado federal N.º 10, donde se menciona que la maniobra es un “ataque planificado” para alterar la opinión pública y quebrar la democracia, además de ser prohibida por la Ley 25.520.
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