Imputación por ejercicio ilegal de la medicina
Una mujer ha sido imputada tras hacerse pasar por psiquiatra, atendiendo a pacientes sin contar con un título válido. La acusada utilizaba la matrícula de otra médica y cobraba $250.000 por consulta. La investigación se inició cuando la mujer asistió a una guardia solicitando la internación de un adolescente de 17 años. Para justificar su pedido, presentó informes que portaban el nombre y el sello de una psiquiatra que en ese momento se encontraba trabajando en el hospital.
Detención y descubrimiento de la estafa
El caso, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, fue asignado a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal. Tras recibir la denuncia de un médico del hospital, se llevó a cabo un allanamiento en su domicilio y consultorio, ubicado en Parque Patricios. De acuerdo con el relato del médico, la mujer había ofrecido sus servicios a través de Instagram.
Detalles de la falsa psiquiatra
- La imputada intentó internar al joven con una orden de internación urgente dos días antes del incidente en la guardia.
- Su diagnóstico incluía un episodio depresivo grave, aunque el médico del SAMe que lo evaluó decidió dar de alta al paciente debido a la falta de justificación para la internación.
- La mujer insistió en cobrar a la madre del joven $250.000 por los servicios prestados.
Allanamientos y consecuencias legales
Los allanamientos realizados en su vivienda y consultorio llevaron a la confiscación de varios elementos incriminatorios: cuatro celulares, un talonario y un sello con los datos de la médica cuya identidad habría usurpado. También se encontraron otros sellos con diferentes nombres, recetas, chips telefónicos y blísters de pastillas. La falsa psiquiatra enfrenta cargos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación. La causa está en manos del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, liderado por María Julia Correa.
Como parte de las medidas cautelares, la mujer deberá cumplir varias condiciones, como fijar domicilio y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía Penal. Además, se le impuso una restricción perimetral de 800 metros respecto al consultorio que utilizaba.
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