Cierre del capítulo de los holdouts
Después de la aprobatión en el Congreso del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, el Gobierno de Javier Milei se ha acercado al cierre de uno de los últimos conflictos derivados del default de 2001. Sin embargo, un nuevo desafío judicial está a la vista: una sentencia firme que asciende a aproximadamente €1500 millones (cerca de US$1800 millones) relacionada con los bonos cupón PBI (GDP Warrants).
Situation actual y expectativas del FMI
Este nuevo litigio se complica aún más debido a reclamaciones recientes por años adicionales que podrían aumentar significativamente la exposición de Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había anticipado este cambio de etapa, indicando que el Gobierno había manifestado su intención de buscar una solución “integral” para el conflicto de los GDP Warrants, una vez que concluyera la regularización con los holdouts.
El fallo vigente, correspondiente al año de referencia 2013, fue decidido en octubre de 2024 y, según datos del FMI, cerca de €300 millones se pagaron a inicios de este año como resultado de la ejecución de una garantía. Sin embargo, los demandantes han solicitado la extensión de este criterio a otros años, incluyendo 2017, 2021 y 2022, con un nuevo reclamo que asciende a cerca de €1600 millones.
Detalles del litigio y respuesta del Gobierno
La disputa se centra en la forma de calcular el Producto Bruto Interno (PBI), que determina si estos bonos deben generar pagos adicionales. Los bonos cupón PBI fueron emitidos durante los canjes de deuda de 2005 y 2010 como un incentivo para los acreedores, ofreciendo rendimientos adicionales si la economía nacional superaba ciertos niveles de crecimiento. Sin embargo, la alteración de la base de cálculo de las cuentas nacionales durante el segundo mandato de Cristina Kirchner generó un conflicto contractual que, hasta ahora, ha sido defendido con éxito por los acreedores para el año 2013.
Desde el Gobierno, aún no han confirmado la existencia de nuevas negociaciones, aunque algunos tenedores afirman que ha habido sondeos. En conversación con LA NACION, fuentes oficiales explicaron que, ante una sentencia firme, su estrategia consiste en “mitigar o reducir” el impacto económico a través de negociaciones confidenciales. Subrayaron que este tipo de negociaciones requieren absoluta discreción, ya que una filtración podría afectar un posible acuerdo.
Resultados de acuerdos previos y proyecciones futuras
En el caso de Bainbridge y Attestor, el Gobierno logró una reducción de entre 30% y 35% sobre las reclamaciones, disminuyendo el desembolso a US$171 millones. Para la gestión de Milei, este antecedente refuerza la política de atender las sentencias firmes, buscando reducir el costo fiscal mediante acuerdos.
Según un informe de Latam Advisors, la actual exposición relacionada con estos instrumentos se sitúa en torno a US$9100 millones, cifra que podría incrementarse a medida que se incluyan nuevos periodos en el litigio. Esta consultora sugirió un enfoque en dos fases para la resolución: primero, atender las sentencias firmes en el Reino Unido y luego lanzar una oferta más amplia que minimice el riesgo de litigios futuros.
Desde Morgan Stanley, se plantea que podrían existir “múltiples factores” indicando que Argentina se acercaría a una resolución del conflicto, haciendo eco de los esfuerzos con Bainbridge y Attestor y la revisión del FMI. Una resolución en este sentido podría ser un hito previo a una futura emisión de deuda internacional, minimizando las inquietudes jurídicas de los inversores.
Perspectivas a largo plazo
El litigio no solo se limita a sentencias pasadas; los GDP Warrants se mantienen vigentes hasta 2035, y su valor dependerá de la evolución judicial y del rendimiento futuro de la economía argentina. Si se valida una metodología favorable para los acreedores y Argentina logra sostener un ciclo de crecimiento, el potencial de estos instrumentos podría aumentar, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en los contratos.
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