Funcionarios y Empresarios Implicados
Recientes investigaciones han revelado que al menos cuatro empresarios pagaron sobornos que oscilan entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones para obtener los permisos correspondientes durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y bajo la dirección de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, en un contexto de fuerte restricción cambiaria.
Las irregularidades están relacionadas con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), activo entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, que facilitaba el acceso al dólar oficial.
Detalles de la Investigación
Según informes obtenidos de las diligencias judiciales, la investigación se basa en casi 30 allanamientos, testimonios y datos extraídos de teléfonos de los funcionarios implicados. Estos funcionarios son cinco empleados del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefes; junto con Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de supervisión. Todos han colaborado con la Justicia al entregar sus teléfonos, a excepción de García, quien no proporcionó su clave de acceso.
Adicionalmente, varios empresarios que son propietarios de casas de cambio también figuran en la lista de imputados, como Elias Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
Alcance de la Responsabilidad
Aún no se ha determinado el alcance total de las responsabilidades políticas en este caso. Fuentes cercanas al proceso judicial indican que podría haber implicaciones que abarcan “ambos lados del mostrador”, incluyendo a auditores externos del BCRA que también están vinculados con oficinas contables que asesoran a empresas.
Un Contexto de Irregularidades
La investigación ha derivado en la imputación de diversos operadores financieros y funcionarios del BCRA. Las primeras pistas recogidas por el fiscal revelan porcentajes y tiempos de permisos que coinciden con informaciones publicadas anteriormente en un trabajo de investigación, donde empresarios denunciaban la necesidad de pagar sobornos para la aprobación de sus solicitudes. Uno de los mensajes interceptados entre dos importadores mencionaba un 15% “en billete” a cambio de acelerar el proceso de autorización a 48 horas.
- Los importadores se quejan de prácticas de soborno en medio de dificultades cambiarias.
- La importación en 2023 totalizó US$ 75.000 millones, con un posible 1% correspondiente a sobornos.
La iniciativa actual es un derivado de otra investigación anterior que incluía a Piccirillo y que fue reabierta gracias a la declaración de un expolicía colaborador que aportó un pendrive con información sobre conversaciones y pruebas que sugieren la existencia de nuevos delitos.
En febrero de 2025, Hauque relató en una entrevista los problemas previos con Piccirillo, mencionando que los US$ 6 millones que se le cuestionan provienen de prestamistas asociados al ámbito político. Sin embargo, se mostró reacio a revelar nombres por miedo a represalias.
El tema de los pagos ilegales para obtener los permisos de importación durante el periodo del cepo cambiario ha sido siempre delicado, dado que implica a diversos funcionarios y el impacto significativo que tiene en importaciones, especialmente en sectores vulnerables como el de la Salud.
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